La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (SCHDF) ha registrado 11 quejas de violencia política y violencia política de género presentadas en presunción de la participación de servidores públicos. De ese total, sumado desde 2014 y hasta la fecha, sólo una se investiga de oficio.
Esta queja investigada corresponde a los hechos ocurridos el pasado 3 de enero en el marco de las precampañas 2018, durante los mítines de la precandidata a Jefa de Gobierno por Morena, Claudia Sheinbaum.
Durante el primer mitin, realizado en Villa Quietud, Coyoacán, se presentaron hechos violentos –presuntamente ocasionados por funcionarios de la Delegación- durante los cuales Martha Patricia Reyes se desmayó y fue trasladada al hospital por problemas de hipertensión, donde falleció dos días después de un paro cardiaco.
Tras estos eventos, y ante la carrera electoral que se presentará en este año, la CDHDF, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Tribunal Electoral de la CDMX (TECDMX) firmaron el Convenio Marco Tripartita de Apoyo y Colaboración, a fin de “prevenir, atender, investigar, erradicar y sancionar la violencia que atente contra el ejercicio de los derechos político electorales en la Ciudad de México”.
La finalidad de esta colaboración es “articular acciones conjuntas con protocolos de atención, mecanismos de capacitación, desactivación de actos de violencia política en eventos, atención integral inmediata a los ciudadanos que presenten denuncias o quejas y en su caso aplicar las sanciones contra quienes infrinjan la ley” explicó Nashieli Ramírez, titular de la CDHDF.
Además, se instalará un módulo especial en la sede de la Comisión, para informar a los denunciantes sobre a qué competencia corresponde su queja sobre violencia política, y canalizarla para que sea atendida de inmediato.
Las instituciones participantes del Convenio también lanzaron una exhortación tanto a partidos políticos como a la ciudadanía a ejercer sus “derechos en paz, en civilidad, con propuestas políticas y diálogo respetuoso” y participar del proceso electoral dentro del marco de la Ley.
Por su parte Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del TECDMX declaró que los capitalinos deben saber que “todo acto de violencia física o verbal en materia político-electoral en el ejercicio de sus derechos, no serán tolerados por las autoridades electorales, y las instituciones actuarán para proteger los derechos humanos de este tipo de conductas”, además de recordar que los actos de violencia política y de violencia política de género pueden incluso ser causales de nulidad en una elección.
Por su parte el consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, admitió que estas situaciones deben ser atendidas inmediatamente para evitar que se normalicen y permitir que todo aquél que acuda a actos políticos o electorales pueda hacerlo sin riesgo o temor para ejercer sus derechos ciudadanos.
“Se actuará con total imparcialidad y sobre todo aplicando el Derecho y la Ley Electoral” advirtió Héctor Díaz-Santana, titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE), quien fungió como testigo en la firma del Convenio. Incluso adelantó que ya se investigan y analizan “detenidamente” casos de violencia política.
Este convenio se dio un día después de la firma del llamado Pacto de Civilidad que ayer firmaron el gobierno de Miguel Ángel Mancera y siete de los 10 partidos con representación en la ciudad –sin adhesión de Morena, PT y el PES-, con el fin de “lograr una mejor distribución del espacio público” en el desarrollo del proceso electoral en la capital.
