Desde sobrecupo hasta casos de prostitución y carencias que violentan los derechos humanos, fueron encontrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en al menos 77 centros de reclusión, tanto estatales como federales, de los cuales 59 son de población mixta y 15 exclusivos de mujeres.
Las más de mil reclusas encuestadas a nivel nacional reportaron al personal de la CNDH, principalmente violaciones a las condiciones de vida digna y segura, así como situaciones que vulneran sus derechos humanos como: maltrato; deficiencias en las instalaciones; falta de acceso a servicios y actividades; desigualdad; mala alimentación; sobrepoblación; autogobierno; cobros y privilegios; prostitución; irregularidades en sanciones disciplinarias; y falta de apoyo a quienes viven allí con sus hijos.
Las autoridades responsables de los centros visitados reportaron que los delitos con mayor incidencia entre la población femenil son: contra la salud 2,276; robo 2,170; secuestro, 1,134; homicidio 1,029; delincuencia organizada 611; fraude 240; lesiones 227; violencia intrafamiliar 108, y portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas 388.
Respecto a las denuncias de las reclusas los casos de maltrato se detectaron en todos los reclusorios visitados. Las afectadas reportaron amenazas, golpes, humillaciones y tratos discriminatorios por parte del personal directivo, técnico y de custodia.
“Incluso, en el centro de reclusión de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, varias internas encuestadas señalaron que fueron víctimas de abusos de tipo sexual”, detalla el Informe Especial de la CNDH sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión 2015.
Por lo menos 60 internas de 24 estados, incluida la Ciudad de México, han sido víctimas de golpes mientras que otras 147 reclusas, reportaron amenazas de parte del personal. Otras 256 sufrieron humillaciones por parte de los trabajadores y 213 indicaron ser víctimas de discriminación.
Las condiciones en las que viven las internas también son deplorables. La mayoría de los espacios tienen fallas en su estructura o carecen de los servicios básicos. De hecho el organismo detecto en casi todos los centros plagas de cucarachas, chinches, ratas o moscas.
La sobrepoblación, presente en 17 de los centros visitados, se suma a las razones de malas condiciones en las reclusas. El peor caso es el del penal de Venustiano Carranza, Nayarit, donde la sobrepoblación es de 246%, así como los de Chalco y Ecatepec, en el Estado de México, y Cárdenas, en Tabasco, en los que es igual o mayor al 100%, todos ellos con presencia de mujeres.
Por otro lado el estudio detectó que en al menos 38 centros por parte del personal hacia las internas o en su defecto de las mismas reclusas que se autogobiernan y exigen un pago en efectivo a cambio de seguridad.
Derivado estos cobros también se encontraron casos en los que ciertas reclusas viven con privilegios como el tener aparatos electrónicos dentro de sus celdas.
Uno de los temas más delicados encontrados dentro es el de la prostitución. En ese sentido el estudio de la CNDH no da muchos detalles pero establece la presencia del delito en al menos 20 penitenciarias del país.
Respecto a la división de los internos el documento de la CNDH resalta el caso del centro de reclusión de Tanivet, Tlacolula, en Oaxaca, se constató que la sección femenil y el área para internos con discapacidad psicosocial solo están divididas por una malla ciclónica.
Lo anterior “permite la convivencia entre hombres y mujeres, a tal grado que hay casos en que las internas han mantenido relaciones sexuales con internos, según información proporcionada por personal del lugar”.
Menores de edad en el abandono
Las y los niños cuyas madres se encuentran presas también ven violados sus derechos. En al menos 10 reclusorios de todo el país se detectó que está prohibida la presencia de menores en dichos lugares, negándoles así el derecho de convivir con sus madres.
En otros 53 centros la presencia de los menores se permite únicamente sí nacieron mientras las mujeres estaban presas, y solo hasta una determinada edad que varía dependiendo el lugar, entre los 6 meses y los seis años. Sin embargo hay casos como el de Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo, ambos en Guerrero, donde los menores pueden permanecer hasta los 12 años.
Pero en ninguno de estos 53 centros se brinda apoyo para que los hijos de las reclusas tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica mientras permanecen allí.
Ante esta serie de irregularidades, el personal de la CNDH emitió una serie de recomendaciones a las autoridades correspondientes para atacar el problema.
Principalmente la implementación de medidas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres internas. Además de generar políticas públicas con perspectiva de género en materia penitenciaria con el fin de que las mujeres presas cuenten con condiciones para cumplir sus penas con dignidad.
