El poderoso terremoto que agitó el centro y sur de México el 19 de septiembre no solo dejó 361 fallecidos y miles de damnificados; también ha evidenciado irregularidades en la construcción de los inmuebles en la capital y sembrado dudas sobre cuántas de estas muertes pudieron ser evitadas.
Desde que el movimiento telúrico de magnitud 7,1 golpeara duramente la capital, la zona más afectada con 220 víctimas mortales, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México acumula 136 carpetas de investigación por las construcciones afectadas, informó hoy el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Dentro de estas indagatorias, algunas de las denuncias presentadas por particulares coinciden con las alrededor de 40 investigaciones emprendidas de oficio por la fiscalía por los 38 edificios derrumbados en la capital.
Los asuntos que se investigan relacionados con la infraestructuras colapsadas son cambio de uso del suelo, la responsabilidad de los directores de obra, fraude y homicidio culposo.
Una de las tragedias que desencadenó el sismo fue el derrumbe de parte del Colegio Rébsamen, en el sur de la ciudad, que causó la muerte de 26 personas, 19 menores y 7 adultos.
El centro, del que también fueron sacados con vida once niños durante las tareas de rescate, está en el punto de mira por un posible caso de corrupción.
No es un caso sin precedentes: en febrero pasado se abrió una carpeta de investigación, derivado de un procedimiento administrativo, porque el uso del suelo no correspondía a lo que estaba determinado para el inmueble.
Ahora, la directora de la escuela, Mónica García Villegas, ha sido citada a declarar ante la PGJ por emplear, supuestamente, documentos falsos que le permitieron construir un departamento sobre la escuela de manera irregular.
De acuerdo con lo reportado por el periódico El Universal, este departamento, construido en el cuarto piso de la construcción y que no estaba en la planificación original, contaba con jacuzzi, bañera y pisos de mármol.
La jefa de la delegación de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, interpuso una denuncia penal ante la fiscalía capitalina contra la directora y dos exfuncionarios de la demarcación por presuntamente permitir estas irregularidades, y actualmente el colegio se encuentra precintado.
Por otra parte, también está en el punto de mira la delegación Benito Juárez, donde se ha registrado una escena insólita: entre los 13 edificios caídos, hay dos de construcción reciente.
El jefe de la delegación, Christian von Roehrich, también presentó una denuncia penal contra la constructora de estos dos inmuebles y abrió procedimientos administrativos para que se sancione a la empresa y, en su caso, a los directores responsables de obra.
La empresa violó «el proceso constructivo, que sin duda fue ineficiente», porque utilizó materiales de «baja calidad y no se apegaron a la norma, al reglamento de construcción», afirmó el delegado en entrevista con Radio Fórmula.
Agregó que esto se tradujo en «daño obviamente al patrimonio, a la propiedad de los afectados», y se puso en riesgo la integridad de las personas, dado que tres fallecieron por el derrumbe de estas construcciones.
Mancera dijo este viernes en una rueda de prensa que se está realizando un peritaje «integral» para determinar las causas de los derrumbes.
«Nadie está exento de investigación cuando abrimos cada una de estas carpetas», aseveró Mancera al referirse a las probables responsabilidades que puedan surgir de las pesquisas.
