Trabajaron años para sostener la economía de dos países. A uno, Estados Unidos, le aportaron mano de obra e impuestos; al otro, México, le mandaron remesas que mantuvieron a miles de familias y comunidades. Ahora son migrantes retornados y los dos gobiernos no se hacen cargo de sus especiales necesidades.
“Son las incongruencias del sistema de Estados Unidos, que no te da un estatus legal, pero si te da un número para pagar impuestos cada año”, dijo a IPS la activista por los derechos de los migrantes, Ana Laura López.
Ella misma fue deportada en septiembre de 2016, después de 16 años trabajando en la ciudad estadounidense de Chicago.
“En cada quincena me descontaban beneficios para el retiro, que se quedan en una cuenta, en ‘stand by’ (hibernación), mientras no tengas tu estatus migratorio, pero es muy difícil conseguirlo”, insiste.
“Yo en México tenía un nivel económico bajo, no tenía acceso a una visa, por eso me fui de forma ilegal. Me fui solo con secundaria y acabé la ‘prepa’ (educación media superior) en Estados Unidos”, cuenta López, de 42 años.
Continúa su relato explicando que “trabajé en el consulado mexicano, me pagaba una agencia federal, ganaba bien, estaba cumpliendo mi ‘sueño americano’, me consideraba una ciudadana porque tengo un récord súperlibre (de faltas o delitos) y aun así, nunca conseguí el estatus. El peor delito es ser migrante”.
López fue deportada en el mismo avión en el que viajaría a México, con un boleto comprado por ella. Era un regreso temporal con el que pretendía regularizar su situación migratoria. Ella cree que fue por su activismo en favor de los migrantes y de los trabajadores en Estados Unidos.
En México ha tenido que empezar de cero, con trabajos en los que gana ocho veces menos que en Estados Unidos, sin seguridad social, sin pensión, sin salario acumulado, a pesar de que durante 16 años envió quincenalmente a México entre 200 y 300 dólares, como remesa para ayudar a la economía de su familia.
“Esos recursos que mandamos a México son perdidos, porque no tenemos acceso a salud ni a vivienda ni a un programa de retiro, ni siquiera a un crédito”, dice. “Las leyes migratorias son terriblemente injustas y abusadoras de los derechos laborales”, insiste.
El gobierno de Estados Unidos tiene dos formas de expulsar de su territorio a inmigrantes indocumentados: los “regresos”, que son retornos inmediatos cuando los migrantes son detenidos al cruzar la frontera; y “remociones”, que requieren una orden judicial de deportación y genera antecedentes penales.
En esos casos, la prohibición de volver a Estados Unidos oscila entre 10 y 50 años.
