En este caso, las autoridades realizaron las primeras acciones de búsqueda 5 años después de la desaparición.
Esta es la primera audiencia sobre desaparición forzada que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, en el marco de la fallida estrategia militarizada en México que se inició en la presidencia de Felipe Calderón y que continúa con la de Enrique Peña Nieto.
Al día de hoy hay un saldo de 35 mil personas desaparecidas reconocidas oficialmente y con una Ley de Seguridad Interior que sigue dando estos privilegios a militares, aprobada pese a pronunciamientos nacionales e internacionales.
Particularmente este caso es el claro ejemplo del largo camino que tienen que recorrer las familias con personas desaparecidas.
En diciembre de 2009, un convoy de militares detuvo en Chihuahua a Nitza Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Reyes, de quienes no se sabe nada desde entonces.
Al menos 12 instancias conocen de la desaparición y tras ello, los familiares son revictimizados y criminalizado; hostigados y amenazados.
Los familiares de las víctimas se han tenido que desplazar forzadamente en varias ocasiones en diferentes lugares del país, llegando al menos 11 al proceso de asilo político.
En este caso, las autoridades realizaron las primeras acciones de búsqueda 5 años después de la desaparición.
