Evdokia Romanova, una joven activista a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual que vine en Samara, Rusia, fue detenida de forma arbitraria a finales de julio por la policía al ser acusada de promover propaganda homosexual. En el país las manifestaciones a favor de la población LGBT están estrictamente prohibidas y pueden ser penalizadas con prisión o elevadas multas económicas.
La joven fue llamada a una comisaría local con el fin de que rindiera una declaración como testigo de un crimen que la policía se encontraba investigando. No obstante, al llegar al lugar, fue interrogada y acusada de hacer propaganda de relaciones sexuales no tradicionales por medio de internet.
Las autoridades se han esforzado por limitar las posibilidades de que la joven sea liberada, pues le negaron representación legal cuando fue interrogada y una vez que tuvo abogado le impidieron tener acceso a su expediente, lo cual no le permitía conocer los motivos específicos por los que era acusada. Ella y su abogado pudieron acceder al archivo seis semanas después de su detención y sólo después de que el caso haya sido enviado al Tribunal de Distrito de Kirov.
La joven pertenece a la Coalición de las Juventudes por los Derechos Reproductivos y Sexuales (YCSRR); precisamente la filiación a los objetivos sociales de esta organización por la que es acusada, ya que se le señaló por compartir enlaces al sitio de internet de la YCSRR y a diferentes notas de medios de comunicación que hablaban sobre diversidad sexual.
Algunos de los textos que compartió en sus redes sociales son un artículo de The Guardian sobre el referendúm en torno al matrimonio igualitario en Irlanda y otro de Buzzfeed sobre una exposición artística en San Petersburgo acerca de adolescentes LGBTI en Rusia.
Pese a que las publicaciones se remontan a 2015 y 2016, la policía consideró que los vínculos incitaban a los más jóvenes, pues algunos enlaces llevaban a una campaña por los derechos de las personas LGBT, por lo que el Centro Policial para la Prevención del Extremismo ordenó realizar una investigación lingüística y psicológica para analizar el contenido de la publicación.
La activista será juzgada el próximo 18 de septiembre y si es encontrada culpable podría terminar en prisión o recibir una multa de cerca de 1 750 dólares.
