El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, ha dado un espectacular golpe de timón. Cuando todas las miradas estaban puestas en la Casa Blanca, el encargado de investigar si el equipo de Donald Trump se coordinó con el Kremlin para dañar a la candidata demócrata Hillary Clinton, ha destapado la fábrica de las fake news y acusado a 13 ciudadanos rusos y tres entidades del mismo país por interferir en las elecciones de 2016. Entre los cargos figuran el robo de identidad (cinco imputados) y el fraude digital (ocho).
El escrito de Mueller señala que, en algunos casos, los acusados se hicieron pasar por ciudadanos estadounidenses para actuar desde las redes sociales y páginas web locales y llevar a cabo una “guerra de información”, encaminada a generar “desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general”. “Este escrito debe servir de recordatorio de que la gente no siempre es quien parece ser en Internet. Conspiradores rusos trataron de promover la discordia en Estados Unidos y socavar la confianza pública en la democracia. No podemos permitir que triunfen”. Señaló el número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein.
Hasta ahora, se habían hecho públicas cuatro imputaciones vinculadas a la trama rusa y estaban relacionadas con Trump: al exconsejero de seguridad Michael Flynn, al ex jefe de campaña Paul Manafort, a su socio Rick Gates y al asesor electoral George Papadopoulos, quien trató de concertar una cita entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin. Pero el grueso de las averiguaciones permanece oculto.
El objetivo inicial de las pesquisas era determinar si el equipo electoral de Trump se coordinó con el Kremlin en la campaña de intoxicación contra la candidata demócrata Clinton. Ese umbral, sin embargo, hace tiempo que se superó. En busca de indicios de colusión, obstrucción a la justicia o abuso de poder, Mueller ha ampliado su investigación a los estados financieros y fiscales del propio presidente y su entorno. Es por esta vía que han sido sorprendidos Manafort y Gates.
