Es sabido que en México nada es lo que parece y todo puede ser posible. Ricardo Anaya puede dar buena fe de ello. En cuestión de días ha pasado de ser una figura fulgurante en la carrera presidencial a pasar su peor momento desde que fue designado aspirante de Por México al Frente, la coalición entre conservadores y progresistas creada ex profeso para estas elecciones. La sombra de la corrupción, uno de sus caballos de batalla, planea sobre él, mientras los ataques de sus dos rivales, Andrés Manuel López Obrador (Morena) y José Antonio Meade (PRI) arrecian para tratar de desbancarlo de la segunda posición en las encuestas.
Anaya, de 39 años, se ha visto envuelto en una polémica por la venta de una nave industrial, propiedad de su familia, en Querétaro, por 54 millones de pesos (2,9 millones de dólares). Según la investigación que avanza la Procuraduría General de la República (PGR), para la compra se habrían usado recursos provenientes de una red encargada de lavado de dinero, orquestada por un empresario, Manuel Barreiro. El candidato del Frente exigió este domingo a la PGR que aclare si lo están investigando, mientras que la Fiscalía mexicana, por su parte, aseguró que el dirigente panista rechazó rendir declaración, aunque se le invitó a hacerlo.
Las acusaciones contra Anaya afloran cuando el candidato del Frente se había consolidado en la segunda posición de todas las encuestas, mientras el puntero desde hace meses, López Obrador, no termina de agrandar la distancia de sus rivales y el candidato del partido gobernante, José Antonio Meade, se estancaba en los sondeos, si no retrocedía. Para ambos, Anaya es el rival a batir y al que hay que sacar de la contienda cuanto antes.
Los motivos son distintos. Anaya se ha esforzado en transmitir que representa una idea de cambio igual que la que ofrece López Obrador, aunque en las formas y en el fondo difieren sustancialmente. El líder de Morena ve cómo un avance del líder panista supondría, en cierta medida, un duelo entre dos propuestas transformadoras. Un cara a cara con Anaya restaría, pues, fuerza a su principal bandera, que sí puede enarbolar ante el candidato del PRI. De ahí que no fuese extraño que la semana pasada López Obrador dirigiese su primer ataque fuerte contra Anaya en lo que va de la carrera electoral. El dos veces candidato presidencial acusó al aspirante del Frente de estar “manchado” por la corrupción. “Si estoy planteando que sustituyan al candidato del PAN, es porque seguramente está implicado en casos de corrupción, no solo lo que se está ventilando ahora de lavado de dinero. Él fue de la mafia del poder”, aseguró López Obrador.
El caso del PRI es diferente. Hace semanas que las alarmas saltaron en el seno del tricolor ante el estancamiento de José Antonio Meade en las encuestas. La buena imagen del que fuera secretario de Hacienda no ha logrado hasta ahora imponerse a la desgastada que representa el Gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por innumerables casos de corrupción de dirigentes priistas durante su gestión. En el cuartel general de la campaña de Meade son conscientes de que cualquier expectativa de llegar a junio con posibilidades de vencer en las elecciones pasa por sobrepasar lo antes posible a Anaya en los sondeos, en tanto estos se han convertido en una suerte de primera vuelta. Por ello, pese a que la sombra de la corrupción pesa sobremanera en la marca del PRI, Meade y su equipo no han titubeado a la hora de salir en tromba a reclamar a Anaya que aclare las acusaciones que pesan sobre él.
El expresidente del PAN considera que todo responde a una argucia del PRI para sacarlo de la contienda. “La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI. Dolosamente omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí”, aseguró este domingo. En esta línea, uno de sus hombres de confianza en esta cruzada, el abogado y excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, incide: “En lo político, se trata de una andanada de infamias para tenerlo en el banquillo de los acusados permanentemente durante la campaña. Quieren que esté respondiendo denuncias infundadas; en lo jurídico, no hay nada”, zanja.
