El titulo contundente se debe a que el activismo ambiental en México es una actividad de alto riesgo, situación que deja en evidencia los vacíos institucionales que limitan el derecho a un desarrollo incluyente, a un medio ambiente sano y a ejercer la libertad de expresión. En este sentido, los activistas son objeto de diversas agresiones que van desde amenazas, criminalización, intimidación, hasta los homicidios; de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2018 hubo 21 activistas ambientales asesinados, cifra que posiciona a México en el cuarto lugar con mayor número de incidentes de este tipo.
Si bien desde 2012 existe un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, los delitos de alto impacto en su contra se encuentran a la alza, lo que implica que los conflictos tienen una alta probabilidad de que su desenlace tenga consecuencias fatales. Un caso reciente es del activista Homero Gómez González, quien fue administrador del santuario Sierra del Campanario den la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, desparecido el 13 de enero y encontrado muerto dos semanas después. Si bien no son claras las circunstancias de su fallecimiento, es posible que deba a sus actividades vinculadas a la preservación del hábitat de las mariposas monarca, pues Homero Gómez hizo frente a la tala ilegal para la siembra de árboles de aguacate, la cual representa un gran riesgo para zona.
Otros de los casos destacados son los de Isidro Baldenegro en 2017, defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara, y el de Samir Soberanes en 2019, opositor de la termoeléctrica de Huexca, en el estado de Morelos; ambos asesinados a tiros.
El asesinato impune de numerosos ambientalistas cuyo esfuerzo ha sido fundamental en el cuidado de los recursos naturales, se da en un contexto donde se menciona al Estado mexicano como uno de los principales agresores, pues de acuerdo con cifras publicadas por Reporte Índigo, en 2018 el 36 por ciento de las agresiones cometidas se atribuyen a funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, Gatopardo refirió que entre los factores que desatan los ataques se encuentran el despojo de tierras, proyectos inmobiliarios, hidroeléctricos, energías renovables y la tala clandestina; en este aspecto la exclusión de las comunidades de parte del gobierno en la toma de decisiones en sus territorios, tiene un papel fundamental en la violencia contra los defensores del medio ambiente.
No es de sorprenderse que los pueblos indígenas contabilicen la mayor proporción de las agresiones, ya que más de la mitad del territorio mexicano se encuentra en sus manos, y es donde se encuentran gran cantidad de minas, bosques y litorales; asimismo, es importante mencionar que la propiedad colectiva genera conflictos con los intereses privados.
