México ha sido un participante activo en los programas internacionales de control de drogas desde principios del siglo XX. Las obligaciones del gobierno bajo estos acuerdos significan que deben reportar cualquier hectárea erradicada como «logros» para propósitos de seguridad y lucha contra los traficantes que producen o trafican sustancias ilegales como marihuana, heroína, etc. Sin embargo, esta política es deficiente cuando se trata de reducir de forma sostenible los niveles de suministro, ya que a menudo quedan vacíos tras la destrucción de los cultivos, lo que permite que las nuevas plántulas arraiguen rápidamente, dificultando, si no imposibilitando la erradicación.
