Es un gastadero: La corrupción reina en las prisiones mexicanas

En enero, un canal nacional de televisión transmitió una serie de videos grabados secretamente dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, otra cárcel en Ciudad de México que está bajo la supervisión de la subsecretaría. Los videos mostraban a guardias cobrándoles sobornos a los prisioneros en el llamado de lista, golpeando a los reclusos que no pagaban y cobrando por la venta de drogas. También se veían algunos prisioneros confabulando con los guardias, vendiendo drogas y haciendo otras actividades ilegales.

Después de la transmisión de esos videos, Patricia Mercado Castro, la secretaria de gobierno de Ciudad de México, encargada de la división que está a cargo del sistema penitenciario, anunció una investigación y dijo que los servidores públicos implicados serían despedidos. Finalmente, tres servidores públicos fueron despedidos y el director de la prisión renunció.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió tres investigaciones sobre este asunto, según información que GPJ obtuvo con un derecho de petición. Esas investigaciones involucraban a un director, un subdirector de seguridad y vigilancia, un director de área y siete guardias. Las investigaciones estaban todavía abiertas en junio, cuando la Procuraduría le respondió a GPJ.

Las cárceles “son un reflejo de cómo funciona el sistema en general en México”, dice Karen Silva Mora, una investigadora de México Evalúa y de CIDAC, un par de think tanks que trabajan investigando el sistema de justicia mexicano, entre otros temas.

Cerca del 51 por ciento de mexicanos encuestados dijo que habían pagado sobornos para recibir un servicio público en los últimos 12 meses, según una encuesta publicada en octubre por Transparencia Internacional, una organización no gubernamental global que lucha contra la corrupción. El porcentaje era el más alto de los 20 países latinoamericanos en los que se realizó la encuesta.

Pero las cárceles son más propensas a la corrupción, según Silva Mora, a causa del hacinamiento y de otros indicadores de malas condiciones de vida.Las cárceles suelen contar con condiciones poco higiénicas en las habitaciones, las cocinas y los comedores, entre otros problemas, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Como el gobierno no está siendo capaz de proveer estas condiciones básicas, las autoridades  aprovechan para ofrecerlo como un privilegio dentro de las prisiones”, dice Silva Mora.

Los activistas de los derechos de las personas presas tienen sus esperanzas puestas en una ley de junio de 2016, conocida oficialmente como la Ley Nacional de Ejecución Penal, que crea lineamientos para el encarcelamiento, como el trato humano de los internos, y creen que puede ser una manera en la que los presos denuncien la corrupción de forma segura. La ley no ha sido implementada del todo, pero una vez que esto suceda, las organizaciones sociales y los grupos de derechos humanos podrán tener la capacidad de solicitarles a las autoridades que actúen sobre las condiciones de las prisiones a nombre de los prisioneros.

Con esta ley, la identidad de un prisionero que quiera denunciar actos de corrupción puede ser protegida, dice Layda Negrete, una investigadora del sistema de justicia criminal.

La ley prevé un periodo de hasta cuatro años para su implementación. Hasta ahora, prácticamente no ha habido movimiento para hacerla progresar, dice Silva Mora, la investigadora de México Evalúa.

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