Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz actualmente está en prisión y es acusado de desfalco al erario publico entre otros delitos.
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que detectó una irregularidad en el año 2016, periodo en la que se encontraba la administración del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, mismo que presuntamente desvió 3 mil 200 millones de pesos.
Esta cifra, presumen, es el doble de los mil 670 millones de pesos desviados por lo que se le acusa al ex gobernador.
El pasado primero de febrero fue publicado por EL DEBATE que del Toro, abogado del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa provocó titubeos de los fiscales de Procuraduría General de Justicia (PGR) al momento de presentar datos bancarios obtenidos en la investigación del caso, al señalar que está buscaba corregir un error al haber obtenido dicha información sin una autorización judicial, situación que violó los derechos de intimidad, privacidad y secreto bancario del ex gobernador de Veracruz.
Los fiscales de la PGR reconocieron que la defensa tenía razón y señalaron que eran datos que ya estaban en el expediente, sin embargo argumentaron que era necesario para “armonizarlos” con la determinación de la Corte. Insistieron en rechazar que eran datos ilegítimos pues se obtuvieron al amparo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que contempla una excepción para que el Procurador solicite datos a la CNBV aunque se rompa el secreto bancario.
Marco del Toro advirtió al juez que lo que estaba pidiendo la PGR no tenía sentido, pues el recurso de revocación procede solo contra resoluciones de trámite y no temas de fondo discutidos en audiencia.
El juez avaló lo anterior y desechó por ser “notoriamente improcedente” el recurso solicitado por la Procuraduría por que los datos bancarios del caso Duarte se quedaron en el expediente del caso sin aval judicial. El impacto que pueda tener en el caso se conocerán en el juicio que se lleve a cabo en meses próximos.
El que los abogados de de Duarte consiguieran que el juez Gerardo Moreno, no avalara – como lo que pedía la PGR, en el tema de la obtención de datos bancarios que ya se encontraban en el expediente del caso, es una situación que abre la posibilidad para que al llegar al juicio se pueda solicitar su anulación de los mismos, por lo que terminarían desechados como prueba. También consiguieron un plazo extra para hablar con testigos colaboradores y reunir pruebas a su favor.
