La activista nicaragüense de derechos humanos Bianca Jagger denunció hoy que «están matando como a perros» a los jóvenes e hizo un llamado al Gobierno para que cese el derramamiento de sangre en una crisis que ha dejado al menos 83 muertos según Amnistía Internacional.
«Vengo para pedirles que dejen de matar a los estudiantes y los jóvenes, porque son el futuro del país y los están matando como a perros«, indicó Jagger en la presentación del estudio de Amnistía Internacional «Disparar a matar«.
La activista denunció «una guerra sucia» por parte del Gobierno contra los manifestantes que protestan pacíficamente contra el Ejecutivo de Nicaragua .
«Aquí tenemos una guerra sucia contra los estudiantes y la población civil, quienes están desarmados, aquí no tenemos una revolución, tenemos una demanda cívica de los manifestantes«, aseveró.
La exesposa del líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, comparó la actual crisis socio política con la vivida por los nicaragüenses en 1979 durante la dictadura de Somoza.
«No sean ilusos y recuerden a Somoza«, dijo Jagger en referencia al presidente Daniel Ortega.
No sé como no le da vergüenza haberse convertido en un dictador y seguirle los pasos a Somoza», añadió.
Tal vez los Ortega sean peores que los Somoza», insistió.
Finalmente, Bianca Jagger pidió la salida pacífica de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo del poder y la celebración de unas elecciones libres.
«La única solución que existe para Nicaragua es que Ortega y Murillo se marchen y nos permitan celebrar unas elecciones libres, gozar de libertad y tener respeto a los derechos humanos, en definitiva, una democracia«, concluyó la activista nicaragüense.
Amnistía Internacional (AI) responsabilizó hoy al Gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión «en ocasiones intencionalmente letal» durante la crisis sociopolítica de Nicaragua.
«Existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta«, indicó Amnistía Internacional en un informe presentado este martes en Managua.
Con base a la documentación obtenida, Amnistía Internacional considera que «no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales«.
Dentro de la estrategia de represión, la organización humanitaria internacional señaló el discurso de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización pública por parte del Gobierno de los manifestantes, o la utilización de grupos parapoliciales.
«La aquiescencia estatal con la que actúan estos grupos se manifiesta en el hecho de que la mayoría de los ataques se comete por particulares en presencia de la fuerza pública o en coordinación con ellos, y en el hecho de que la Policía no persigue su actividad delictiva sino que permite su huida y dispersión«, indicó.
También denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de policía y antimotines, la ejecución extrajudicial de personas, los actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación, la denegación de la atención médica en los hospitales o los intentos de control de la prensa.
La organización ha obtenido información a través de entrevistas, imágenes y videos que indica que la autoridad habría ejercido un uso indebido de la fuerza, a través del uso inadecuado de armas», se señala en el informe.
«Amnistía Internacional considera que existe un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de manera intencional, en un significativo número de casos«, agrega el documento.
La organización humanitaria también denunció la localización de disparos en cabeza, cuello y tórax y los actos de encubrimiento y obstaculización de las investigaciones mediante omisión de exámenes médicos, la falta de exhaustividad en el tratamiento de las pruebas, los obstáculos al acceso a la justicia o el acoso a los familiares de las víctimas.
