Roberto Gil Zuarth, consejero del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, es acusado ahora de participar en el complot del gobierno estatal a la Auditoría Superior del Estado (ASE), por parte de uno de sus colaboradores, Fernando del Villar.
Se informó este martes desde la cuenta institucional de twitter de la ASE que Fernando del Villar redactaría el correo electrónico y documento que instruyera a los ayuntamientos, universidades y organismos descentralizados a evadir la fiscalización emprendida por el auditor Francisco Romero Serrano.
Hace unos días, la revista Proceso difundió una estrategia en la que Gil Zuarth y Barbosa Huerta pretenden adquirir los bienes de la Fundación Jenkins, que tienen un valor de $720 millones, por lo que participarán activamente en el conflicto por la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP).
“En relación al inicio de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra área de Tecnologías de la Información, se ubicó que la dirección IP del origen del formato utilizado por 61 entes fiscalizables para dilatar los procesos de fiscalización referidos la semana anterior, está a nombre de una persona llamada FERNANDO DEL VILLAR; por lo que esta prueba será presentada ante las autoridades correspondientes”, denunció la auditoría este martes.
Fernando del Villar aparece como colaborador en la página web de la firma BDP Litigio y Consultoría, propiedad de Gil Zuarth.
Esta investigación de la ASE se inició luego de que Romero Serrano acusara públicamente al asesor del gobierno estatal, Carlos Palafox Galeana, así como a la secretaria de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava, de dar instrucciones a los ayuntamientos, universidades y secretarías con el fin de negar a la ASE de manera coordinada y con la misma justificación, información sobre el uso de recursos públicos.
Por ello, se informa que los alcaldes de la ciudad presentarán denuncias en contra de Romero Serrano, por diversos cargos, como corrupción y extorsión, para atribuirle responsabilidad grave en la ejecución, y sus funciones lo ponen al borde de la expulsión y la investigación.
Aunque Romero Serrano recurriría a la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), el Congreso del estado ahora tiene las facultades para destituir y nombrar a otro auditor en cuanto se encuentren argumentos suficientes.
