Para interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior, representantes de organizaciones civiles acudieron ayer a la Suprema Corte de Justicia.
El presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), Román Díaz Vázquez, armó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.
«Esta Ley ya aprobada y promulgada es violatoria de los derechos humanos. Es un recurso, una demanda adhesiva a las acciones de inconstitucionalidad», indicó Díaz.
Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.
Recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.
«No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos», expuso.
Señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la Ley viola el Artículo 129 Constitucional, el primero y el 21 de la Constitución. «Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte».
Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.
Los organismos civiles ya han presentado más de cinco recursos ante diferentes instancias.
