El gobierno español ha calificado como ilegal e inconstitucional el referéndum independentista promovido por el gobierno de Cataluña y ha hecho todo lo posible por frenar el proceso.
El pasado 6 de septiembre, el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del gobierno firmaron el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre y otro de medidas complementarias.
Acabo de firmar, con todo el gobierno, la convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña. ¡Por la libertad y la democracia!”, expresó en Twitter el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, tras la firma del decreto de convocatoria.
La firma tuvo lugar después de una tensa sesión parlamentaria de casi 12 horas en la que se aprobó la llamada “ley del referéndum”, una norma con la que los independentistas pretendían dar cobertura legal a la consulta.
El gobierno español encabezado por Mariano Rajoy, contrario al proceso separatista catalán, dio el primer paso para recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional.
Horas antes, ya había pedido al alto tribunal que frenara actuaciones del “parlament” contrarias a sentencias previas y que estudiara una posible responsabilidad penal de quienes admitieron a trámite la ley, entre ellos, la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.
Un día después, el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, anunció una demanda contra el Gobierno de Cataluña por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum secesionista, al tiempo que el Consejo de Estado respaldó que el Gobierno español recurriera esta medida ante el Tribunal Constitucional.
Maza, en una breve comparecencia sin preguntas, afirmó que es la respuesta de la Fiscalía “en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho ante la gravedad de la situación generada en Cataluña”.
Por su parte, el Gobierno de España recurrió al Tribunal Constitucional (TC) todas las resoluciones acordadas por el Parlamento y las autoridades de Cataluña para celebrar el referéndum.