La discriminación en México también le pega a la arena electoral

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO.- Personas acudieron a votar en la casilla especial ubicada en la Central de autobuses de Toluca, como parte de las elecciones para gobernador del Estado de México. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Estamos a días de que comiencen (de manera oficial) los tiempos de precampaña y los políticos no son los únicos preparando el terreno de la arena electoral donde se disputarán al menos 3327 cargos públicos.

Es por eso que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentó la Guía para la Acción Pública (GAP). Elecciones sin discriminación. Participar y votar en igualdad en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017 celebrada durante la semana pasada.

«Apostamos porque la inclusión esté en el centro del debate electoral», manifestó Alexandra Haas Paciuc, presidenta Conapred.

El trabajo fue escrito por Teresa González Luna Corvera y expone algunas iniciativas para combatir la discriminación político-electoral, pues las jornadas electorales aún se desenvuelven en medio de escenarios discriminatorios.

A pesar de que desde 1980, distintas reformas constitucionales en varios países incluyeron el reconocimiento de los pueblos indígenas en el ámbito electoral, los segmentos históricamente marginados en México se enfrentan con más obstáculos para acceder a puestos de poder, ejercer el derecho al voto y/o tener poder de decisión o influencia en el diseño de políticas públicas.

De acuerdo con información de Conapred, en América Latina, en un grupo de diez países donde la población indígena representa alrededor del 15%, esta población sólo ocupa el 5.5% de los asientos parlamentarios. En México se calcula que la porción es de 2.8%.

Asimismo, el sistema de indicadores de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la región latinoamericana, mostró que las mujeres apenas ocupan el 28.8% de las curules de los congresos. En México, el porcentaje es de 42.4%.

Haas detalló que en nuestro país «aún subsisten normas y prácticas excluyentes como el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que las personas con discapacidad intelectual o sicosocial no pueden votar. En esa misma legislación -continúo- se establecen barreras para que las personas mayores participen en la organización de las elecciones».

Durante la presentación del libro también participó Pamela San Martín Ríos Valles, consejera del Instituto Nacional Electoral , quien expuso la discriminación electoral no se acota a un tema de instalaciones, mobiliario, etc., sino a cómo garantizar que todas y todos puedan votar y ser votadas.

 

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