El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para el 30 de abril una doble amenaza: calor extremo en amplias zonas del país y la llegada del frente frío número 48, con lluvias, granizo y vientos intensos en varios estados. La pregunta que las autoridades evitan responder es qué protección concreta existe para quienes trabajan y viven a la intemperie.
El calor como emergencia de clase
Las temperaturas extremas no golpean igual a todos. Trabajadores agrícolas, obreros de construcción, vendedores ambulantes y habitantes de colonias populares sin áreas verdes ni acceso a climatización son quienes padecen con mayor severidad los efectos del calor. Mientras el SMN emite alertas, la Secretaría del Trabajo carece de protocolos obligatorios y efectivos para suspender labores en condiciones de riesgo térmico. El derecho a un trabajo seguro sigue siendo letra muerta cuando el termómetro sube.
Infraestructura inexistente, riesgo real
La llegada del frente frío 48 traerá lluvias y granizo que se sumarán al riesgo para comunidades con vivienda precaria y drenaje insuficiente. Las inundaciones y deslaves no son fenómenos puramente naturales: son el resultado de décadas de abandono en urbanización, ordenamiento territorial y obra pública en los márgenes de las ciudades. Las autoridades municipales y estatales tienen la obligación —y los presupuestos— para garantizar infraestructura resiliente. La falta de acción es una decisión política.
Lo que hay que exigir
Frente a un clima cada vez más extremo, la respuesta institucional no puede limitarse a boletines meteorológicos. Se debe exigir a la Secretaría del Trabajo protocolos vinculantes de protección térmica laboral; a los gobiernos locales, planes de contingencia con albergues accesibles y sistemas de alerta comunitaria; y al gobierno federal, una política de adaptación climática con perspectiva de derechos que priorice a quienes menos recursos tienen para protegerse. La crisis climática ya está aquí. La negligencia gubernamental también.
