Detienen a Érika María por el asesinato de una exreina de belleza en Polanco. El caso expone la violencia intrafamiliar y la impunidad que enfrentan las mujeres.

Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Érika María, identificada como la suegra de una exreina de belleza asesinada en la colonia Polanco. El caso, que ha acaparado reflectores mediáticos por el perfil público de la víctima, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántas mujeres sin exposición pública mueren sin que nadie detenga a nadie?

Lo que se sabe del caso

La víctima fue encontrada sin vida en un domicilio de Polanco, una de las zonas más vigiladas y con mayor presencia policial de la capital. La detenida, señalada como presunta responsable, fue localizada y presentada ante autoridades tras las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. El móvil y las circunstancias exactas del crimen siguen bajo investigación, pero los hechos ocurrieron en el entorno más cercano a la víctima: su propia familia política.

El patrón que las autoridades no quieren nombrar

México registra en promedio 10 feminicidios al día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La mayoría de los casos ocurren en el ámbito familiar o de pareja. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo reactiva, no preventiva. Las alertas de violencia de género activadas en múltiples estados no han reducido las cifras. Las casas de refugio son insuficientes. Los mecanismos de protección para mujeres en riesgo, casi inexistentes para quienes no tienen recursos para contratar seguridad privada.

Lo que se debe exigir

La detención de una presunta responsable no es justicia, es el inicio mínimo del proceso. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que el Estado mexicano debe garantizar investigaciones con perspectiva de género, no solo cuando la víctima es una figura pública. Se requiere presupuesto real para prevención, fiscalías especializadas con capacitación efectiva y rendición de cuentas a funcionarios que archivan casos sin investigar. Mientras el sistema solo reacciona ante la presión mediática, miles de casos de mujeres asesinadas permanecen impunes. La cobertura no puede ser el único criterio para hacer justicia.