La Fiscalía ordenó este jueves la detención de diez trabajadores de un internado de la ciudad de Ibagué, en el centro-occidente del país, por tratos vejatorios a 11 niños con discapacidad.
“Los niños fueron durante mucho tiempo amarrados a sus camas, se les suministró droga para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos y evitar actos de indisciplina, fueron sometidos a doctrinas militares ante cualquier circunstancia como no comer o como comerse las uñas. Fueron castigados con ocasión de actos que se consideran criminales que deben ser absolutamente rechazados porque se cometieron contra niños en situación de discapacidad”. Este es el escalofriante relato del fiscal delegado para la violencia contra niños, Mario Gómez, que detalló la operación.
Las detenciones han sido posibles gracias al testimonio de un exempleado de la Fundación Peces, una institución que hasta hace poco tenía un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “En este momento el proceso da cuenta de 11 niños”, explicó el fiscal en una conferencia de prensa, aunque la fundación tenía cupo para 40 internos, todos ellos potenciales víctimas, entre las que había niños y niñas e incluso algún joven mayor de 18 años. Estos empleados «prestaban supuestos servicios de atención y protección a un número importante de niños en situación de discapacidad […] que fueron objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes». “Los amarraban, los obligaban a hacer sus necesidades fonológicas bajo los amarres, vivían o convivían con ello bajo tortura”, prosiguió.
La Fiscalía ha actuado con el apoyo de la Policía Nacional en los trabajos de investigación y capturas de estos trabajadores que, aseguró el delegado de la institución que dirige Néstor Humberto Martínez, van a ser enjuiciados: “Se van a procesar estas personas por los delitos de tortura, destrucción de material probatorio y concierto para delinquir, dado que durante el proceso ellos hicieron todo lo posible por sustraer las pruebas o alterarlas a efectos de que la investigación criminal tuviera algún nivel de dificultad”. Las autoridades imputarán cargos también a algunos miembros de la Defensoría de la Familia por supuesta negligencia, ya “que no obraron aparentemente con la diligencia adecuada”.
Este centro de menores se encuentra en la capital del departamento del Tolima, a poco más de 200 kilómetros de Bogotá. Según Caracol Radio, los vecinos del barrio La Pola afirman que la fundación era una “casa del terror y del horror”. Pese a escuchar los lamentos de las víctimas, ningún extraño tenía permitido el acceso al edificio para poder comprobar de primera mano lo que allí estaba sucediendo. La información proporcionada a las autoridades por un exempleado ha permitido al término de una larga investigación poner fin a este drama. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el organismo público encargado de velar por la protección de los menores, será el responsable a partir de ahora de “poner en salvaguarda a todos los niños y niñas que esa institución estaba atendiendo” y se hará cargo de su atención psicológica.
