La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que suspenderá clases los días en que la selección mexicana dispute partidos durante el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La medida aplica para todos los niveles de educación básica. Aunque la decisión se presenta como un gesto festivo, vale la pena preguntarse: ¿quién realmente paga este costo y con qué criterio se toman decisiones sobre el calendario escolar?
El calendario escolar al servicio del espectáculo
México ya enfrenta uno de los calendarios escolares más cortos de los países de la OCDE. Suspender días adicionales por un evento deportivo comercial —organizado por la FIFA, un organismo privado con historial documentado de corrupción— no es un asunto menor. Cada día de clases perdido impacta de forma desproporcionada a estudiantes de familias de bajos recursos, quienes no tienen acceso a clases particulares, plataformas educativas de pago ni entornos domésticos propicios para el aprendizaje autónomo. La brecha educativa se ensancha en silencio mientras las autoridades enmarcan la decisión como una celebración nacional.
¿Qué autoridades deben responder?
La SEP no ha explicado con transparencia cuántos días exactamente serán suspendidos, si se repondrán horas curriculares ni qué criterio técnico-pedagógico sustentó la decisión. Tampoco se consultó a comunidades educativas, madres y padres de familia, ni docentes. Mientras tanto, miles de trabajadoras domésticas, obreras y trabajadores informales —que no pueden simplemente quedarse en casa— deberán resolver sin red de apoyo el cuidado de sus hijos e hijas en días hábiles convertidos de facto en asueto institucional.
Lo que hay que exigir
Esta decisión no debe naturalizarse. La sociedad civil y las comunidades educativas tienen derecho a exigir a la SEP una justificación pedagógica clara, un plan de reposición de contenidos y una evaluación del impacto diferenciado en poblaciones vulnerables. El derecho a la educación no puede subordinarse al calendario de un torneo comercial. Si el Estado decide celebrar, que lo haga sin comprometer las horas de aprendizaje de quienes menos recursos tienen para compensar esa pérdida.
