La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, para avanzar en la agenda bilateral entre México y la Unión Europea. El resultado: una fecha en el horizonte para la próxima cumbre UE-México. La pregunta que el gobierno no responde es a quién beneficia realmente este acercamiento y bajo qué condiciones se negocia.
Un acuerdo que lleva años sin rendir cuentas al pueblo
La relación entre México y la UE está marcada por el Acuerdo Global firmado en 2000 y su versión actualizada, el TLCUEM, que lleva años en proceso de ratificación. Estos tratados han sido cuestionados por organizaciones civiles y sindicatos europeos y mexicanos porque priorizan la apertura comercial y la protección a inversiones extranjeras por encima de estándares laborales, ambientales y de derechos humanos. Mientras las cúpulas negocian, comunidades indígenas, trabajadoras del campo y sectores populares cargan con las consecuencias de un modelo extractivista que estos acuerdos tienden a profundizar.
¿Qué se exige desde la justicia social?
Organizaciones de derechos humanos han señalado que cualquier acuerdo con la UE debe incluir mecanismos vinculantes de rendición de cuentas para empresas europeas que operen en México, cláusulas de protección ambiental con dientes reales y participación efectiva de comunidades afectadas. Nada de eso aparece en los comunicados oficiales de esta llamada diplomática. Lo que sí aparece es el lenguaje de la cooperación mutua, el libre comercio y la atracción de inversión, eufemismos que históricamente han servido para justificar condiciones de trabajo precarias y despojo territorial.
Diplomacia sin transparencia es complicidad
El gobierno de Sheinbaum tiene la obligación de hacer pública la agenda completa de estas negociaciones, los sectores involucrados y los mecanismos de consulta a comunidades que podrían verse afectadas. Una cumbre internacional no es un logro en sí mismo: depende de qué se firma, para quién y a qué costo. Mientras eso no se aclare, la sociedad civil debe exigir transparencia total, acceso a los textos en negociación y espacios de participación real. La diplomacia que no rinde cuentas al pueblo no es diplomacia: es negocio cerrado entre élites.
