Nuevo León registró 35 homicidios dolosos durante abril de 2026, una cifra que no es solo una estadística: es el reflejo de un modelo de seguridad que privilegia el discurso por encima de resultados reales. Mientras las autoridades estatales presumen estrategias y operativos, los cuerpos siguen acumulándose.
Un patrón que el gobierno no quiere nombrar
La violencia en Nuevo León no es un fenómeno aislado ni reciente. El estado ha sido escenario de una disputa territorial constante entre grupos del crimen organizado, y las respuestas institucionales han sido reactivas, no estructurales. El gobernador Samuel García ha apostado por una imagen de modernidad y eficiencia, pero los datos de homicidios dolosos mes a mes desmienten esa narrativa. ¿Dónde está la rendición de cuentas por cada vida perdida?
Quiénes pagan el precio más alto
La violencia no golpea de manera uniforme. Son las colonias populares, los trabajadores informales, las mujeres en contextos de violencia de género y las comunidades sin acceso a servicios básicos quienes enfrentan mayor exposición al riesgo. La militarización de la seguridad pública —impulsada tanto a nivel federal como estatal— no ha reducido los homicidios; en cambio, ha normalizado una presencia armada que criminaliza la pobreza sin atacar las causas que alimentan la violencia: desigualdad, falta de oportunidades y abandono institucional.
Lo que se debe exigir
35 homicidios en un mes exigen más que comunicados oficiales. La sociedad civil, organismos de derechos humanos y la ciudadanía organizada deben exigir: investigaciones transparentes con tasas reales de esclarecimiento, políticas de prevención social con presupuesto real, mecanismos de atención a víctimas y sus familias, y una discusión seria sobre el fracaso del enfoque punitivo. La violencia en Nuevo León es un problema político y estructural. Tratarla solo como un asunto policial es seguir fallándole a quienes más lo necesitan.
