Cada cierto tiempo, el gobierno federal anuncia con bombos y platillos la apertura del registro al programa Bienestar para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores —conocido como 60 y Más— como si se tratara de un favor, no de una obligación del Estado. En abril y mayo de 2026, miles de personas de 65 años o más deberán someterse nuevamente a un proceso burocrático para acceder a un apoyo que, en el mejor de los casos, apenas roza los límites de la subsistencia.
Lo que el gobierno llama apoyo, la Constitución llama derecho
El artículo 4° constitucional reconoce el derecho de las personas adultas mayores a recibir una pensión no contributiva. Sin embargo, el diseño del programa perpetúa la lógica del favor: hay que registrarse, presentar documentos, esperar validación y confiar en que la dispersión del dinero llegue a tiempo. Los requisitos incluyen identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y, en algunos casos, acta de nacimiento. Para poblaciones en zonas rurales, indígenas o con movilidad reducida, reunir estos papeles representa una barrera que el Estado no resuelve, sino que ignora.
Una pensión que no alcanza y autoridades que no rinden cuentas
El monto del apoyo —alrededor de 3,000 pesos bimestrales— equivale a menos de 50 pesos diarios. Eso en un contexto de inflación acumulada, alza en alimentos y medicamentos, y sin un sistema de salud pública que funcione de forma universal. Las personas adultas mayores que no cuentan con pensión del IMSS o ISSSTE —la mayoría mujeres, trabajadoras informales y migrantes de retorno— quedan atrapadas en esta cifra como si fuera suficiente. No lo es.
Qué hay que exigir más allá del registro
Más que difundir los pasos del trámite, la pregunta urgente es: ¿por qué en 2026 el acceso a una pensión básica sigue condicionado a burocracia y cobertura discrecional? Se debe exigir universalidad real del programa sin trámites excluyentes, montos actualizados conforme a la inflación, atención especial para comunidades rurales e indígenas, y rendición de cuentas sobre el padrón de beneficiarios. La vejez digna no se mendiga: se garantiza.
