4 meses después de los terremotos que sacudieron el sur y centro de México, las dificultades aún no terminan para los afectados por estos fenómenos.
Desde el sismo del 7 de septiembre de 2017 que afectó de manera importante a los estados Chiapas y Oaxaca (ambos con altos índices de pobreza y pobreza extrema), el Gobierno Federal anunció un programa para la reconstrucción de las casas de los damnificados, el cual utilizaría recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Estos recursos serían entregados al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para ser distribuidos entre los afectados mediante tarjetas de débito y monederos electrónicos; la emisión de estos plásticos se haría según el censo de damnificados recopilado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Según los lineamientos del programa, todos los damnificados recibirían una tarjeta de débito para disponer de efectivo y, aquellos que hubieran sufrido ‘pérdida total’ de sus viviendas recibirían además un monedero electrónico para poder comprar materiales.
Sin embargo, una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha evidenciado irregularidades en este programa. De acuerdo al organismo, Bansefi distribuyó 68.8 millones de pesos en 4,574 tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios -es decir, 3,079 plásticos excedentes-.
Esta investigación se inició el pasado 16 de noviembre de 2017 tras una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) presentada el 14 de noviembre por el Director General de Bansefi, Virgilio Andrade, quien a su ves respondió a una serie de reclamos y denuncias por parte de los damnificados que detectaron dinero faltante en las tarjetas que recibieron.
En la pesquisa de la autoridad bancaria se menciona a los once damnificados a cuyos nombres se emitieron la mayor cantidad de tarjetas, entre 10 y 34 para cada uno y todas con fondos; además, hay otras 1,484 personas registradas con entre 2 y 8 tarjetas de débito. Sin embargo, el programa de apoyo a los damnificados establece que sólo corresponde una tarjeta por persona. La investigación también destaca que estos plásticos distribuidos eran de banda magnética, mucho más vulnerables que las tarjetas con chip.
En el proceso de su investigación, la CNBV analizó la dispersión de los recursos entre los beneficiarios del programa: las once personas a cuyo nombre se emitieron entre 10 y 34 tarjetas se concentran en Chiapas: 6 en el municipio de Villaflores (a casi tres horas de Tuxtla Gutiérrez), el resto viven en Tonalá, Arriaga y La Concordia. Justo en Villaflores fue donde Enrique Peña Nieto se presentó el pasado 6 de octubre, para entregar las primeras tarjetas en Chiapas.
La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dando seguimiento a la información descubierta por la CNBV, contactó a los damnificados cuyo nombre aparece en estas tarjetas clonadas: algunos no han recibido ni siquiera una.
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Nombre del Beneficiario |
Tarjetas Emitidas a su Nombre | Monto total distribuido en las tarjetas |
Apoyo Recibido |
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Josefa Abarca Guillén |
14 | $210,000 | 1 tarjeta de débito ($15,000)
1 monedero electrónico ($45,000) |
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Manuel de Jesús Hernández Camacho |
26 | $390,000 |
Nada |
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Martha Rubenia Ramírez Montoya |
18 | $270,000 |
1 tarjeta de débito ($15,000) 1 monedero electrónico ($45,000) |
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Reynaldo Molina Espinoza |
34 | $510,000 |
1 tarjeta de débito ($15,000) |
| Wilian Cruz Sambrano | 16 | $240,000 |
Nada |
La investigación, presentada el pasado 20 de diciembre de 2017 por la CNBV como parte del expediente 122.111.12 (001597)”2017”<6> y dirigida a Virgilio Andrade, se observa que «Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en 1,495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los 1,495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos».
En la investigación también se indica «El monto de apoyo en efectivo al que pueden tener derecho los beneficiarios va de 15 mil a 25 mil pesos. En el caso de que a los 1,495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la primera cifra, Bansefi debió dispersar 22.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 46.4 millones de más. En el caso de que a los 1,495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la segunda cifra (25 mil pesos), Bansefi debió dispersar 37.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 31.4 millones de más”.
En cualquier caso, el banco “dispersó recursos en exceso respecto de lo que en realidad correspondía. Esta situación también habría estado asociada a la falta de control, por no contar con un listado de dispersión a nivel beneficiario”, se resalta en la investigación de la CNBV.
Bansefi cuenta con 20 días hábiles para responder a las observaciones de la CNBV, plazo que vence el próximo 2 de febrero
