En México se cuentan con muchos abogados, funcionarios públicos y personas responsables de que el país funcione correctamente en distintas áreas de él, como educación, salud, leyes, etc.; pero así como hay representantes honestos, existen representantes con historial turbio y escándalos, que lamentablemente están al frente de importantes decisiones dentro del país, uno de ellos es el abogado Guillermo Barradas Cendón, del despacho García González y Barradas.

Guillermo Barradas tiene un historial de ser abogado para casos especiales en donde sus clientes parecen tener conflictos de interés y hacen de la situación, una en donde las víctimas sean perjudicadas por abuso de poder. Éste abogado tiene una amplia experiencia con su cliente, el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, en donde lo enviaba para atender casos de su particular interés.

En el caso de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Fundación Mary Street Jenkins, el es representante legal de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia, en donde concretó la designación de un nuevo Patronato y por él se pudo hacer el proceso de la toma de las instalaciones por fuerzas armadas y designación del rector Piter Ríos por éste nuevo patronato.

También es abogado del general brigadier Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de PEMEX durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien era prófugo de la justicia y alfin ha sido detenido por ser acusado de brindar protección a huachicoleros en México. También es conocido por ser cómplice de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en donde le ayudó a preparar un plan de contingencia para pedir una licencia como gobernador y tener casas de seguridad para esconderse en México, Guatemala y Costa Rica, en donde pudiera esconderse y esconder dinero en caso de huir, lo cual sucedió.

Él mismo abogado es el representante legal de los inversionistas de la empresa Oro Negro, quienes buscan llevar a prisión a Gonzalo Gil White, el hijo del ex secretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz). Y sin olvidar que su despacho está involucrado en ser una de las empresas que la cementera Cruz Azul entregó una cantidad de 168 millones 140 mil 260 pesos y está siendo investigada por la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según se hizo esta transferencia por concepto de Servicios Profesionales de Asesoría Legal.

No cabe duda que con éste tipo de representantes legales en casos importantes, afecta a inocentes y el país no prospera de manera correcta.