Daniela y sus papás administran desde hace diez años una pequeña escuela privada en la colonia Del Valle, que imparte educación preescolar y primaria. Desde su fundación, nunca tuvieron problemas para cumplir con las normas que marca la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para su funcionamiento, incluyendo la instalación en su plantel de un sistema de alerta sísmica.
La familia, aún antes de abrir la escuela, pasaba largas temporadas en Estados Unidos, y por eso les pareció casi natural traer de ese país un sistema de alerta sísmica que les costó 200 dólares, que es el rango en que esta tecnología de alertamiento puede adquirirse del otro lado de la frontera.
“Cuando hicimos todos los trámites para abrir la escuela, (en la Secretaría de Protección Civil) nos dijeron que necesitábamos alertas con el sistema NOAA, y eso fue justo lo que compramos”, dice Daniela.
Este equipo extranjero no les falló en ningún sismo.
Sin embargo, a finales de 2016, un grupo de inspectores de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México llegó a su escuela para anunciarles que su alerta sísmica era ilegal, no porque incumpliera con las características técnicas exigidas por la ley, sino porque no era de una marca en específico, la marca Sarmex, cuyo único vendedor en México es el consorcio CIRES-MDreieck.
Por no haber adquirido sus alertas a este consorcio empresarial, la Secretaría de Protección Civil les anunció que su escuela quedaba clausurada.
Los representantes del plantel le explicaron a los funcionarios lo que más de un técnico, y su propia experiencia, les decía: que sus alertas funcionaban perfectamente. Pero no había espacio para la negociación, simplemente no eran las autorizadas.
Luego de esto, los funcionarios les proporcionaron a los dueños de esta escuela los datos del “distribuidor” autorizado y les informaron que, si se apresuraban a comprar sus sistemas a dicho distribuidor, quizá podrían iniciar clases a tiempo.
Daniela y sus padres no lo dudaron. En la misma colonia Del Valle, a unos dos kilómetros de distancia, está una oficina del consorcio CIRES-MDreieck, que les cobró 85 mil pesos por instalar un sistema similar al que ellos habían comprado en Estados Unidos por 200 dólares (menos de 4 mil pesos).
Los representantes de esta escuela no lo sabían, pero el 7 de abril de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México había emitido la “Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-SAS- 2016”, con la que se designó al consorcio empresarial CIRES-MDreieck como único órgano autorizado para “certificar” cualquier sistema de alertamiento sísmico instalado en la capital del país.
En teoría, cualquier fabricante de alertas sísmicas podría obtener dicha certificación, si cumple con todos los requisitos técnicos impuestos por la autoridad. Sin embargo, tal como señala el consorcio CIRES-MDreieck en sus páginas de internet, los únicos equipos a los que han otorgado esta certificación son, precisamente, los que ellos mismos venden de la marca Sarmex.
De hecho, los equipos de alertamiento que comercializa CIRES-MDreieck son los únicos que cumplen a cabalidad con los requisitos impuestos por el gobierno capitalino, por una razón: para determinar dichos requisitos, las autoridades utilizaron un radio Sarmex como modelo ideal.
Finalmente, en marzo de 2017, esta norma técnica fue nuevamente actualizada, ahora para establecer que el único sistema autorizado para advertir sobre la aproximación de ondas sísmicas en la capital del país es el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, que fue creado con recursos públicos, pero luego entregado al consorcio CIRES-MDreieck para su operación, mediante un convenio sin fecha de vencimiento.
Con esta medida, otras empresas que también buscaban desarrollar tecnologías de alerta sísmica quedaron eliminadas del mercado y el consorcio CIRES-MDreieck quedó libre de competencia.
En una primera entrevista realizada en agosto de 2016, el director del CIRES (siglas que significan Centro de Instrumentación y Registro Sísmico), Juan Manuel Espinosa, negó que el consorcio que encabeza incurra en prácticas monopólicas e incluso negó que existiera ningún tipo de relación entre CIRES, que oficialmente es una asociación civil “sin fines de lucro”, y la empresa MDreieck.
No obstante, en una segunda entrevista (realizada el 13 de septiembre de 2017), el mismo Juan Manuel Espinosa reconoció que CIRES creó la firma MDreieck SA de CV, para eludir las barreras legales que impiden a las asociaciones civiles realizar actividades empresariales.
Triangulaciones
Desde 1989 –cuatro años después de los sismos del 85–, las autoridades federales designaron a la asociación civil CIRES como desarrollador y operador del Sistema de Alerta Sísmica, que inicialmente se pensó para advertir a la Ciudad de México y luego al resto de estados que comparten la amenaza de enfrentar temblores fuertes, como Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Desde entonces, CIRES recibe un subsidio permanente por parte de las autoridades mexicanas para la operación del Sistema de Alerta Sísmica.
Paradójicamente, además de pagar la operación del sistema, las autoridades han establecido con el consorcio CIRES-MDreieck distintos contratos por “renta” de la señal de alerta, así como por la adquisición de equipos de alertamiento para inmuebles oficiales.
En los hechos, las autoridades pagan dos veces la operación del Sistema.
A eso, además, deben sumarse distintos pagos gubernamentales al consorcio CIRES-MDreieck, especialmente a partir de 2010, destinados a la modernización del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano.
Cabe destacar que, aún siendo un órgano privado, el consorcio CIRES-MDreieck no sólo ostenta el control total del Sistema, sino que también decide de forma libre qué requierese para su modernización, y el gobierno mexicano sólo pone el dinero.
En 2010, detalló el titular de CIRES durante la entrevista concedida en septiembre pasado, el Gobierno de la Ciudad de México “pidió radio-receptores (de alerta sísmica), y se le logró abastecer a través de la empresa MDreieck”. Los equipos de alertamiento entregados eran de la marca Sarmex.
“Nosotros somos asociación civil –señaló Espinosa– y no podíamos ser comercializadores de los radio-receptores, entonces, se nombró a un grupo de gente, ex investigadores de CIRES, y ellos, a través de esta empresa (MDreieck), lograron la exclusiva” para comercializar la marca Sarmex en México.
En ese año, el gobierno capitalino, encabezado entonces por Marcelo Ebrard, entregó 126 millones de pesos a CIRES para que formulara un proyecto de modernización del Sistema de Alerta Sísmica, y el proyecto que CIRES entregó era sencillo: comprar 50 mil equipos de alertamiento marca Sarmex, y distribuirlos masivamente en la Ciudad de México.
Siguiendo ese plan, el gobierno de Ebrard le compró los 50 mil equipos al único distribuidor autorizado, la empresa MDreieck.
Es decir: este consorcio se presenta como asociación civil para imponerle adquisiciones al gobierno, y luego se presenta como empresa proveedora, para que el gobierno le compre los insumos.
Este mismo modelo fue usado en los años siguientes para venderle 33 mil equipos más al gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón.
Sólo con estas dos operaciones, realizadas entre julio de 2010 y julio de 2011, el consorcio CIRES-MDreieck logró ventas por 255 millones de pesos, provenientes del presupuesto público.
De hecho, con este mecanismo de triangulación, el consorcio CIRES-MDreieck ha acaparado 100% de la inversión pública destinada a la creación, operación, ampliación y modernización del Sistema de Alerta Sísmica, desde 1989 y hasta la fecha, recursos que, sumados, superan los 34 millones de dólares.
Monopolio del miedo
El proceso de “modernización” del Sistema de Alerta Sísmica emprendido en 2010, mediante la compra de decenas de miles de aparatos Sarmex, se sustentó en un único argumento del consorcio CIRES-MDreieck: que dichos aparatos eran de “bajo costo” (entre 30 y 80 dólares por unidad, tal como se manejó en ese momento). Eso, se subrayó, permitiría la distribución masiva en México.
Con estos radio-receptores marca Sarmex, en teoría, la población podría recibir una advertencia sobre sismos, entre 30 y 60 segundos antes de que se sintieran sus efectos.
Entre 2010 y 2011, efectivamente, CIRES-MDreieck le vendió los primeros 88 mil equipos al gobierno mexicano a un costo promedio de mil 140 pesos, es decir, dentro del rango de los 80 dólares.
Sin embargo, antes de que acabara el año 2011, el consorcio CIRES-MDreieck determinó que dicha tecnología ya no sería de “bajo costo” e impuso a sus radios Sarmex un sobreprecio de 2,700%.
Así, estos aparatos, que en 2010 se vendían en menos de mil 200 pesos, pocos meses después elevaron su costo hasta 34 mil pesos por unidad.
Las ganancias son para CIRES-MDreieck, consorcio que, además, quedó exento del pago de impuestos de importación, tal como quedó establecido en los acuerdos firmados con las autoridades mexicanas, de los cuales Animal Políticoposee copia.
Supuestamente, el consorcio quedó libre del pago de dichos impuestos, para que los radios Sarmex mantuvieran su bajo costo, lo cual resultó falso.
“Ese era el punto”, explica Juan Manuel Espinosa, director de CIRES: que fuera tecnología accesible en términos económicos.
Sin embargo, precisó, luego de recibir la autorización oficial de venta de estos equipos, el consorcio que representa determinó que se justificaba elevar su costo comercial en 2,700%, porque “el radio tiene una posibilidad de alertamiento mucho mayor que sólo sobre temblores: puede advertir que va a llover, o que no se debe salir al patio escolar por la contaminación. Eso es lo que agrega MDreieck”.
