Maduro busca restablecer relaciones con Colombia

Con la captura en Venezuela de la exsenadora colombiana Aida Merlano se ha convertido, como se anticipaba, en un arma arrojadiza para el Gobierno de Nicolás Maduro. Pero el enredo diplomático que provocó esa detención llegó con un órdago inesperado, cuando Maduro ofreció al Gobierno de Iván Duque restablecer relaciones consulares para atender la insólita situación de Merlano, prófuga de la justicia colombiana por delitos electorales.

El presidente declaró: «Estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el Gobierno de Colombia, de manera que este tipo de asuntos se puedan llevar a través de los cónsules».

Además, aseguró el líder chavista en una extensa alocución. Maduro se mostró ansioso de reafirmarse como mandatario de Venezuela con funciones plenas, en momentos en que cumple un año de enfrentar el desafío lanzado por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por 60 países, entre ellos Colombia.

El propio Maduro decidió el pasado febrero romper las relaciones políticas y diplomáticas con Colombia, un vecino con el que comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, después del fallido intento de Guaidó para introducir alimentos y medicinas con el apoyo de Colombia y Estados Unidos. “Pero además expulsando a nuestro personal diplomático y consular”, había recordado Duque más temprano el mismo miércoles, en el más reciente cruce de acusaciones entre dos Gobiernos permanentemente enfrentados.

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El Gobierno de Colombia, a través de sus ministras de Justicia y Exteriores, había señalado el martes que solicitaría la extradición de Merlano a Guaidó, lo que Maduro calificó de «ridiculez». Sin embargo, Duque apuntó después a una deportación a través de los canales de la Interpol. “Que no pretenda la dictadura ocultarse en argumentos para tratar de sacarle provechos o chantajes diplomáticos a la situación”, señaló el presidente colombiano, anticipándose al pronunciamiento de Maduro. A pesar del reconocimiento internacional, Guaidó no ejerce ningún tipo de control sobre los poderes públicos de Venezuela, a excepción del apoyo que detenta en la Asamblea Nacional.