La aplicación del Título 42, que permite la deportación inmediata de los solicitantes de asilo y les niega de hecho el debido proceso, ha suscitado críticas de varias entidades; entre ellas, la congresista de Florida Sheila Cherfilus-McCormick, que dijo que «negaba de hecho» a miles de personas en nuestras fronteras del sur su derecho a un abogado cuando eran detenidas.
