Se presentó una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (un organismo trilateral que forma parte del tratado México-Estados Unidos-Canadá) en la que se acusa al gobierno mexicano de no hacer cumplir sus propias leyes sobre deforestación, conservación del agua y uso de la tierra debido a las plantaciones de aguacate que se cultivan en Michoacán.
La denuncia alega que estas plantaciones están destruyendo bosques que proporcionan un hábitat crucial para las mariposas monarca y otras criaturas.
Los activistas han denunciado secuestros, amenazas y palizas tras quejarse de la deforestación, mientras que 54 activistas medioambientales fueron asesinados en México el año pasado, según una encuesta de la ONG Global Witness.
Los productores de aguacate también se enfrentan a amenazas de los cárteles de la droga que les extorsionan, así como a problemas de seguridad de los inspectores estadounidenses al rechazar los envíos procedentes de Michoacán el año pasado, antes de que se reanudaran las inspecciones tras el acuerdo entre ambas naciones para aplicar medidas que garantizaran la seguridad de los inspectores.
