La muerte de Giovanni López tras haber sido detenido por policías municipales por no usar cubrebocas, ha golpeado severamente la imagen del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y de su política de mano dura para hacer cumplir las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus.
Todavía el miércoles por la mañana, momentos antes de que tomara fuerza la difusión del fallecimiento del joven de 30 años, el gobernador Alfaro Ramírez se había reunido con los alcaldes de la metrópoli para anunciar “un reforzamiento de los operativos con la fuerza pública” para que los jaliscienses acaten las directrices de contención de la pandemia.
De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno de Jalisco, en dicha reunión del gobernador estuvo presente el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, responsable de la Policía que detuvo de manera violenta a Giovanni López el 4 de mayo, para luego devolverlo sin vida a sus familiares.
El mensaje que emitió el gobernador este 3 de junio poco antes de que estallara mediáticamente el caso de Giovanni, continúa en la misma línea de mano dura que adoptó desde el 19 de abril, cuando autorizó el uso de la fuerza pública en el contexto de la pandemia del coronavirus:
Habíamos dicho que íbamos a aplicar el principio de tolerancia cero y lo vamos a hacer. Estamos acordando que no va a haber tolerancia tampoco para que la gente se esté paseando en la calle, porque una cosa es que regresemos poco a poco a que la gente tenga la oportunidad de trabajar para sacar adelante a sus familias, en eso estamos comprometidos y lo estamos haciendo y lo vamos haciendo bien, y otra cosa es que la gente salga a vacacionar o a pasear como si nada
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) condenó “el asesinato de Giovanni por parte de elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos”, y dijo que: “Este es un caso de violaciones graves a los derechos humanos, tales como tortura y ejecución extrajudicial”.
