La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que las refinerías clandestinas en el país no deben ser catalogadas como ilegales, sino que deben ser entendidas como “centros de procesamiento”.
Esta afirmación se realizó en un contexto donde el gobierno busca redefinir la narrativa en torno a la operación de estas instalaciones. De acuerdo con información publicada por, este cambio de terminología podría estar orientado a suavizar la percepción pública sobre el tema.
El anuncio se dio a conocer el 1 de agosto de 2026, un momento en que el país enfrenta un debate sobre la producción y distribución de combustibles. Las refinerías clandestinas han sido objeto de críticas por su falta de regulación y los riesgos ambientales asociados.
Reformar esta nomenclatura podría tener implicaciones en la política energética del país, especialmente en un contexto donde el gobierno busca mejorar la producción nacional de combustibles.
La relevancia de esta declaración radica en las posibles repercusiones que podría tener en la regulación de estas instalaciones y en la percepción pública del gobierno sobre la industria energética.
