ha dado este martes marcha atrás a las polémicas medidas legales y fiscales que desencadenaron el cierre indefinido de la basílica del Santo Sepulcro por parte de los responsables de las iglesias cristianas en Tierra Santa. La clausura el pasado domingo del templo —el lugar más sagrado de la Ciudad Santa para la cristiandad, donde la tradición sitúa la crucifixión, muerte y sepultura de Jesucristo— representa una decisión sin apenas precedentes. La jerarquía eclesiástica la adoptó ante la preparación de una legislación israelí que preveía expropiaciones de terrenos de las iglesias y por la imposición de tasas inmobiliarias locales, por primera vez desde la fundación del Estado judío hace 70 años, de las que los bienes religiosos han estado exentos.
El Gobierno israelí anunció a primera hora de la tarde de este martes a través de su servicio de prensa que dichas medidas han quedado sin efecto, a la espera de que se negocie con los líderes cristianos una solución al contencioso. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el alcalde de Jerusalén, Nir Barkart, han designado una comisión presidida por el ministro de Cooperación Regional, Tzachi Hanegbi, para que abra un proceso de diálogo con los representantes de las iglesias cristianas.
Centenares de manifestantes recorrieron poco después las calles del barrio cristiano de la Ciudad Antigua de Jerusalén y se concentraron ante las puertas cerradas del Santo Sepulcro para exigir su inmediata reapertura. Fuentes del Patriarcado Griego Ortodoxo, el que congrega un mayor número de fieles cristianos en Tierra Santa, han anticipado que el templo no volverá a la normalidad mientras no se retiren por completo las medidas legales y fiscales que planea la Administración israelí. Los delegados de las distintas confesiones se encontraban reunidos anoche a la espera de dar una respuesta oficial al comunicado de las autoridades.
El Gobierno ha decidido paralizar la tramitación del controvertido proyecto de ley por el que se permitiría al Estado expropiar las tierras cedidas a largo plazo o vendidas a partir de 2010 por las iglesias — el patriarcado greco-ortodoxo es uno de los mayores terratenientes de la Ciudad Santa— a entidades privadas. La aprobación inicial ya quedó fuera del orden del día de una reunión ministerial el domingo, tras el cierre indefinido de la basílica. El alcalde de Jerusalén considera, a su vez, que las iglesias cristianas adeudan al erario municipal 650 millones de shequels (millones de euros), por la a arnona (impuesto similar al IBI). “¿Tiene sentido que zonas comerciales, hoteles y otros negocios no paguen, solo porque pertenecen a las iglesias?”, escribió en su cuenta de Twitter Nir Barkat, partidario de que solo estén exentos de contribuir los lugares de culto. El Ayuntamiento suspendió ayer la recaudación después de haber desbloqueado las cuentas bancarias de las iglesias.
Los representantes de las principales confesiones religiosas —católicos, ortodoxos griegos y armenios, entre otros— alegan que se ha violado un antiquísimo statu quo sobre las propiedades de las iglesias en Jerusalén, un entendimiento económico que ha regido bajo el Imperio Otomano el mandato británico sobre Palestina. También advierten de que, gracias a las exenciones fiscales pueden financiar el mantenimiento de colegios y obras sociales que benefician a los más desfavorecidos. Temen Sospechan que se pretende asfixiar económicamente a las iglesias “encargadas de mantener la presencia cristiana en Jerusalén”, denunciaron el domingo en un comunicado.
