En México, las personas con discapacidad psicosocial (trastornos mentales o afecciones intelectuales) han sido típicamente atendidas bajo un esquema de internamiento, al considerar que su enfermedad ya no tiene remedio.
Desde el Porfiriato hasta casi la década de los años 70, del Siglo XX, los pacientes con enfermedades mentales fueron recluidos en el hospital de La Castañeda, conocido tras su clausura por las torturas que ahí dentro se cometían contra personas a las que se consideraba “incapaces”.
Los abusos no terminaron con el cierre de La Castañeda, según han documentado organizaciones como Disability Rights International (DRI) que reveló, en 2016, la infrahumana condición en que vivían los internos del albergue ‘Casa Hogar Esperanza’, entre otros centros de reclusión de la CDMX -ya existen otros hospitales y villas para estas personas.
La visión para su tratamiento sigue siendo la institucionalización, lo que los segrega e impide su efectiva recuperación, advierten organizaciones defensoras de personas con discapacidad.
“Cuando hay una persona en crisis no hay servicios basados en la comunidad, para cualquier persona con discapacidad psicosocial, incluso sin crisis, no hay servicios en la comunidad y la única opción es la institucionalización, pública o privada”, advierte Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International.
“Estos espacios segregan a las personas y al ser segregacionistas estás violando su derecho a vivir en la comunidad por una discapacidad. No cometieron ningún delito y sin embargo son encerrados el resto de su vida por tener una discapacidad. La persona debe estar en posición de decidir si quiere o no un tratamiento y dónde lo quiere tomar”, agrega la activista.
“Son espacios donde suceden cosas muy graves, si las familias supieran antes lo que pasa, tal vez se podría generar una conciencia en ese sentido, pero la falta de alternativas es lo que te lleva a estas situaciones desesperadas”, señala Diana Sheinbaum, investigadora de la organización Documenta.
Falta de alternativas
La Ley General de Salud incluye la Salud Mental en su texto y las instituciones públicas reciben un presupuesto para su tratamiento de alrededor de 2% del destinado al sector, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos un 10%, advierten organizaciones como DRI y Documenta, que apoyan a personas con discapacidad.
Dicha legislación contempla el internamiento involuntario y permite que le sean impuestas “restricciones necesarias” al paciente, quedando a criterio de quienes lo internarán e incluso, de personas que no sean familiares del enfermo, lo que resulta violatorio de derechos humanos y perpetúa la visión institucionalista del tema.
“Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma (..) siempre que exista la intervención de un médico calificado, que determine la existencia de un trastorno mental y del comportamiento y que debido a dicho trastorno existe un peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. En todo caso, se deberá procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el tratamiento a recibir sea lo menos alterador posible”, dictan los artículos 74bis y 75 de la Ley General de Salud.
Así, las personas con esta discapacidad y sus familias se enfrentan a una falta absoluta de alternativas: “o te institucionalizas o te tratas farmacológicamente”, señala Diana Sheinbaum.
“Este país tiene una deuda enorme en desarrollar servicios de salud comunitarios y respetuosos de los derechos humanos. Es de vital importancia empezar a desarrollar otra política pública y otro modelo de atención a la salud mental que sea garante del derecho a la vida independiente y la inclusión en la comunidad”, agrega la investigadora.
Actualmente existe otra iniciativa que ya fue presentada al Senado por la diputada panista Leticia Amparano, que pretende crear una Ley General de Salud Mental, alternativa a la general de Salud.
Brizuela advierte que el primer borrador de la iniciativa incluso contemplaba terapias de electroshock y lobotomías, “la terapia electroconvulsiva solo se aplicará con el consentimiento informado del paciente o en su caso, del representante legal o tutor, siempre y cuando se cumpla el protocolo de indicación correspondiente”, rezaba el texto. Aunque ya fue modificado, el segundo borrador sigue permitiendo internamientos involuntarios, lo que viola los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial.
“Esto es algo muy preocupante, en primer lugar los estándares internacionales dicen que no debe haber una ley específica de salud mental porque el modelo se vuelve médico. Esta ley está negando completamente la capacidad jurídica, no habla de un modelo de rehabilitación basado en la comunidad”, refiere la directora de DRI en México.
