Cierres masivos de empresas amenazan empleos en Nuevo León

Miles de micro, pequeñas y medianas empresas en Nuevo León están al borde del colapso. La Coparmex encendió las alarmas: el cierre masivo de MiPyMEs en 2026 podría destruir decenas de miles de empleos en el estado, golpeando directamente a trabajadores de bajos ingresos que dependen de estos negocios para subsistir. La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es: ¿quién responde por ellos?

Un modelo que abandona a los más pequeños

Las MiPyMEs representan más del 70% del empleo formal en México, pero son también las empresas con menos acceso a crédito, apoyos fiscales y protección institucional. En Nuevo León, la combinación de altos costos operativos, presión tributaria y la contracción económica derivada de la incertidumbre arancelaria con Estados Unidos está empujando a estas empresas al límite. No es una crisis accidental: es el resultado de políticas que históricamente han favorecido a los grandes conglomerados mientras dejan sin red de protección a los sectores más vulnerables de la economía.

Autoridades estatales: ausencia y silencio

Mientras Coparmex documenta el deterioro, el gobierno estatal de Nuevo León no ha presentado un plan de emergencia para contener la hemorragia de empleos. No hay esquemas de financiamiento accesible, no hay congelamiento de cargas fiscales para pequeños negocios en riesgo, no hay política pública clara. Los trabajadores que perderían su empleo ante estos cierres —en su mayoría mujeres, jóvenes y personas sin acceso a seguridad social robusta— quedarían desprotegidos frente a un sistema de desempleo que en México es prácticamente inexistente.

Lo que se debe exigir ahora

La crisis de las MiPyMEs no es solo un problema económico: es una emergencia de derechos laborales. Las autoridades estatales y federales deben habilitar líneas de crédito emergentes con tasas accesibles, suspender temporalmente cargas fiscales para negocios en riesgo y fortalecer los mecanismos de protección al trabajador ante el desempleo. Dejar que miles de familias queden sin ingreso mientras el gobierno mira hacia otro lado no es una política económica: es una omisión que tiene nombre y responsables.