Ante el proyecto de instalación de una planta cervecera de la compañía Constellation Brands en Mexicali, los habitantes de este municipio han convocado a los consumidores y organizaciones de México, Estados Unidos y otros países a boicotear los productos de esta compañía, particularmente las cervezas de la marca Modelo.
Esto como protesta ante sospechas de ilegalidad en el proceso de permisos para la instalación de la planta cervecera, además de la garantía a largo plazo para la entrega anual de 20 millones de metros cúbicos de agua para la producción proyectada. El municipio de Choropo, donde será instalada la planta, es una zona de extrema escasez del líquido, con lo que la instalación de la planta pone en riesgo el acceso de las futuras generaciones a este recurso.
Además, se han organizado mítines y protestas a través del movimiento ciudadano ‘Mexicali Resiste’, surgido hace un año ante los ‘gasolinazos’ aplicados por el Gobierno Federal como «un movimiento pacífico y legal de ciudadanos preocupados por el acontecer de la ciudad donde habitan y buscan hacer comunidad en Mexicali a partir de cuatro principios: respeto a los derechos humanos, realizar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las clases populares y las minorías (étnicas, de género y religiosas, entre otras), no hacer proselitismo para ningún partido político ni perseguir fines electorales» describe Jesús Galaz, encargado de la difusión del grupo.
El movimiento se ha manifestado solicitando al Gobernador Vega de Lamadrid que detenga la persecución de los defensores del agua, se libere a los detenidos durante las protestas pasadas y la suspensión inmediata de la planta cervecera en el valle de Mexicali.
Sobre la instalación de la empresa estadunidense, Galaz advierte que es un negocio unilateral que no está consensuado entre la población y que se basa en la explotación irracional del agua.
Desde poco más de un año, la situación de este recurso natural en el estado se encuentra en debate público, tras una serie de protestas ciudadanas que siguieron a las acciones de un incremento del 30% en las tarifas por el servicio, la pretensión de concesionar el agua potable, residual y alcantarillado y el corte de suministro a los deudores, lo que llevó a que el 19 de enero de 2017, el Congreso local abrogara la Ley del Agua de Baja California. Ahora, con el futuro del líquido vital en venta, los pobladores vuelven a tomar las calles para defender su derecho al agua.
