Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y sus representantes alertaron sobre un intento del gobierno de Enrique Peña Nieto de cerrar el caso a través de la reedición de la “verdad histórica”.
Durante la presentación del informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”, los participantes denunciaron la falta de voluntad de la actual administración por esclarecer el caso que se mantiene en la impunidad, lo que ha impactado a la integridad física y psíquica de los familiares de las víctimas.
En nombre de los familiares de los desaparecidos, Hilda Hernández, madre de César Mario González, recordó que cuando el exprocurador Jesús Murillo Karam les dio a conocer la “verdad histórica”, los padres y madres lloraron desconsoladamente.
Y, agregó que, pese a que las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmintieron la versión, los representantes del Estado mexicano han insistido en varias ocasiones en posicionar el tema.
“Al gobierno no le importa seguir diciendo mentiras y dándonos dolores en lo más profundo de nuestro ser”, dijo la mujer al señalar que, con la detención de Erick Uriel “N”, La Rana, lo que se busca es revivir la “verdad histórica”, añadió.
Y destacó que, una vez más, “no se nos tomó en cuenta para hacer el anuncio, otra vez nos mintieron, nos habían dicho que antes de cualquier detención nos iban a avisar y no fue así”.
Temen cierre del caso
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, advirtió que, en la reciente detención de La Rana, se ve “la tentación del cierre del caso, en medio de un proceso electoral y probablemente eso signifique regresar a la mentira histórica”.
Luego, preguntó: “¿Por qué el gobierno no aceptó este diagnóstico y los planes de atención victimal?”. Enseguida, respondió: “Porque para estos hombres y mujeres que buscan a sus hijos la única forma de reparar es dando con el paradero y si aceptasen el diagnóstico, lo primero que tendrían que hacer es pedirles disculpas”.
Patrón Sánchez explicó que, al negarse a asumir el compromiso de adoptar el informe como base para la generación de planes de atención y reparación de víctimas, el gobierno mexicano se negó a seguir las recomendaciones de “reivindicar y dignificar a todas las víctimas, que se reconozca la falta de sustento científico en su ‘verdad histórica’ y que tome acciones para el esclarecimiento de los hechos y el paradero de los estudiantes”.
Ximena Antillón, coordinadora del informe, destacó que hasta la fecha los padres y madres de los 43 desaparecidos viven un “duelo congelado, en el que no hay certeza de la pérdida ante la falta de verdad, por lo que viven un dolor y una angustia permanente”.
Al señalar que la reiteración de la “verdad histórica” dejó huellas traumatizantes a los padres y madres, así como “un dolor inenarrable”, agregó que ellos están preocupados de que el gobierno tenga la “intención de cerrar el caso, sin respetar el dolor de los familiares”.
En la presentación también participó el representante del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU (CED), Rainer Huhle, quien admitió estar conmovido con los testimonios narrados en el informe psicosocial y consideró que el Estado mexicano “debería estar agradecido con los autores, los familiares y los sobrevivientes, por fijar las bases para una reparación integral”.
