El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ofreció una conferencia de prensa sobre las supuestas represiones del Gobierno Federal a su administración por el combate a la corrupción, y que representarían la cancelación de programas y recursos.
En su conferencia, expresó que las acciones anticorrupción que han implementado corresponden al daño que se le infringió al erario chihuahuense, “tenemos 39 procesos penales iniciados, 30 órdenes de aprensión libradas por los tribunales, de estos se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión, del universo de ordenes sólo 10 pertenecen al exgobernador César Duarte“.
Javier Corral, agregó, “que nadie venga a decirnos que estamos enderezando investigaciones con fines electorales o desde la estrategia de una campaña”.
El compromiso es romper el pacto de impunidad, desmantelar el sistema de corrupción y el tema es que Chihuahua ha vinculado a proceso a un alto funcionario de la dirigencia nacional del PRI, sería un acto de ingenuidad que los actos de impunidad no fueron replicados en otros estados, pero eso le corresponde a la PRG, a la Fepade, al INE y al Congreso”.
Enfatizó que “Chihuahua está haciendo lo que le corresponde y no van a negociar la investigación, ni por 700 millones ni por todo el presupuesto del estado”.
Javier Corral, afirmó que el único funcionario formalmente imputado por el desvió de 250 millones de pesos es el exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, y serán las investigaciones quienes definan a quien resulte responsable.
A Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se le dictó auto de vinculación a proceso por peculado agravado por el presunto desvío de 246 millones de pesos, a través de la simulación de cuatro contratos por prestación de servicios profesionales, cobrados durante el gobierno de César Duarte, para financiar campañas electorales del tricolor en 2016.
El gobernador dio a conocer que han iniciado un proceso de justicia para Chihuahua que tiene como propósito llevar a la cárcel y ante la justicia al exgobernador César Duarte, refugiado en los Estados Unidos, mediante un proceso migratorio por el que pide asilo político o residencia permanente por motivo de negocios.
Finalmente, agregó que han confiado en la Procuraduría General de Justicia desde septiembre pasado, para que con base en diez órdenes de aprehensión solicité la extradición de César Duarte, proceso que se ha retrasado más de lo que esperaban.