La economía mexicana se contrajo durante el primer trimestre de 2026, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El dato no es solo una cifra técnica: es la confirmación de que el modelo económico vigente está fallando, y como siempre, quienes menos tienen son quienes más resienten el golpe. Mientras el gobierno federal evita hablar de recesión, la realidad en los mercados, las fábricas y las cocinas populares ya se siente.
Una caída que no llegó sola: contexto que el discurso oficial omite
La contracción del Producto Interno Bruto no es un fenómeno aislado ni accidental. Responde a una combinación de factores que las autoridades conocían y ante los cuales no actuaron con urgencia: la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales con Estados Unidos, la debilidad de la inversión privada ante un entorno de inseguridad jurídica, y el impacto de los aranceles impuestos por la administración Trump sobre las exportaciones mexicanas. El aparato gubernamental tuvo señales de alerta y optó por el optimismo discursivo en lugar de la política pública efectiva. Esa omisión tiene nombre y tiene responsables.
Los de abajo pagan la factura: impacto real en sectores vulnerables
Una caída del PIB no afecta por igual a todos los estratos sociales. Para las grandes corporaciones y el capital financiero, una contracción trimestral es un ajuste contable. Para las familias trabajadoras, los vendedores ambulantes, los jornaleros agrícolas y las trabajadoras del hogar, es desempleo, reducción de ingresos, encarecimiento de la canasta básica y mayor precariedad. Los sectores secundario e industrial, que concentran millones de empleos formales e informales, reportaron los mayores retrocesos. Esto se traduce en contratos cancelados, jornadas reducidas y despidos que ningún boletín oficial contabiliza con rostro humano. La informalidad laboral, que ya supera el 55% de la fuerza de trabajo en México, actúa como colchón invisible que absorbe el impacto sin ninguna red de protección social suficiente.
Qué se debe exigir: rendición de cuentas y política económica con perspectiva de derechos
Frente a esta contracción, la respuesta institucional no puede limitarse a proyecciones optimistas ni a culpar exclusivamente a factores externos. Se debe exigir al gobierno federal una explicación clara sobre las medidas de emergencia económica para proteger el empleo y el poder adquisitivo de los sectores populares. Se debe demandar transparencia sobre cómo se están utilizando los recursos públicos en un momento de ajuste fiscal. Y se debe presionar para que cualquier estrategia de reactivación económica ponga en el centro los derechos laborales, la inversión social y la reducción de las brechas de desigualdad que esta crisis inevitablemente profundiza. La economía no es neutral: sus números reflejan decisiones políticas. Y esas decisiones deben ser cuestionadas, debatidas y disputadas desde abajo.
