Reino Unido Prohíbe la Entrada de American Bully XL y Prepara Medidas Severas

American bully pocket

En un anuncio que ha generado controversia, el Gobierno de Reino Unido ha decidido prohibir la entrada de la raza de perros American Bully XL al país, a raíz de una serie de ataques registrados en los últimos tiempos. La Secretaria de Medio Ambiente, Therese Coffey, ha anunciado que convocará urgentemente a un grupo de expertos esta semana, compuesto por policías, expertos caninos y veterinarios, para abordar esta problemática creciente.

Esta reunión con especialistas se considera el primer paso en el proceso de agregar a los American Bully XL a la lista de perros prohibidos, de acuerdo con la Ley de Perros Peligrosos del país. «Los ataques de perros son devastadores para las víctimas y sus familias, y está claro que ahora es necesario hacer más para detenerlos y proteger al público. Por eso, estamos tomando medidas decisivas para prohibir el American Bully XL», afirmó Coffey.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos del Gobierno en colaboración con la policía y las autoridades locales para promover la tenencia responsable de perros y garantizar la aplicación efectiva de la ley.

Según la Ley de Perros Peligrosos de 1991 en Reino Unido, es necesario definir específicamente el tipo de raza American Bully XL para poder imponer una prohibición. Esto implica que el Gobierno debe establecer una normativa que lo añada a la lista de perros prohibidos según la ley, lo que a su vez hará que sea un delito poseer, criar, regalar o vender uno de estos animales.

El Gobierno ha anunciado que se espera que esta medida entre en vigor a finales de año, y habrá un período de transición para gestionar de manera segura la población existente de estos perros. Se proporcionarán más detalles sobre cómo funcionará este período de transición en el futuro.

Se aclara que los propietarios actuales no necesitan tomar medidas en esta etapa, pero si no se presentan durante el período de transición y se descubre que tienen uno de estos perros, podrían enfrentar sanciones severas, incluyendo hasta 14 años de prisión, el decomiso de su propiedad y el sacrificio de sus animales. Esta controvertida decisión sigue generando debate sobre cómo abordar adecuadamente los problemas relacionados con la seguridad y la responsabilidad en la tenencia de perros en el país.