El Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género (RNSP), gestionado por el Instituto independiente encargado de las elecciones y el activismo, ha incluido a 213 servidores públicos, pero esto no se traduce en sanciones reales. De acuerdo con los datos recabados durante la semana del 11 de junio, después de que estas cinco entidades celebraran sus asambleas generales en las que los ciudadanos votaban a favor o en contra de varios candidatos que se convertirían en funcionarios más adelante, sólo el 58% había recibido algún tipo de sanción más allá de la inclusión en la lista.
