En la ‘Doctrina del shock’, Naomi Klein detalló como las guerras, las catástrofes naturales o las crisis de toda índole han sido utilizadas en las últimas décadas para imponer el modelo económico neoliberal aprovechando la confusión social del momento. Una transformación que invariablemente ha beneficiado a las grandes industrias en detrimento de las protecciones sociales, medioambientales o laborales. En plena pandemia de coronavirus, esa doctrina ha encontrado nuevos adeptos en Estados Unidos. La Administración de Donald Trump ha suspendido la implementación de todas las leyes medioambientales, una medida que ha ido acompañada por la revocación de los estándares de eficiencia impuestos por Barack Obama a los automóviles para luchar contra el cambio climático.
La hostilidad del presidente hacia las leyes medioambientales no es nueva, pero pocos esperaban que aprovechara los primeros compases de esta crisis para dejarlas en un limbo. “La Agencia de Protección Medioambiental sigue comprometida con la protección de la salud y el medioambiente, pero reconoce que los desafíos derivados de los esfuerzos para proteger al público del covid-19 podrían tener un impacto directo en la capacidad de las empresas para cumplir con los requerimientos federales”, dijo la semana pasada el director de la EPA, Andrew Wheeler. En términos prácticos, quedan suspendidas indefinidamente las sanciones a las empresas que violen la normativa en todos los ámbitos regulados por la ley.
Desde la contaminación del agua al vertido de residuos tóxicos o las emisiones contaminantes.
“Es increíble que la EPA ni si quiera se reserve el derecho a actuar en caso de peligro inminente para la salud de la ciudadanía”, ha dicho Cynthia Giles, quien fuera su directora durante la presidencia de Obama.
La decisión de la Casa Blanca llega después de que varias patronales de la industria, particularmente del gas y el petróleo, solicitaran una moratoria a la Administración ante las dificultades que estarían teniendo para cumplir con las inspecciones y garantizar los estándares de seguridad por la situación extraordinaria creada por la pandemia. Esa misma industria de los combustibles fósiles ha visto cómo sus ingresos se desplomaban últimamente por la debacle de los precios del petróleo y el parón de la actividad económica en todo el mundo.
“Básicamente le han dado vía libre a la industria para hacer y deshacer mientras dure el virus. La consecuencia inevitable es que aumentará la contaminación”, asegura a este diario una fuente de la EPA, quien subraya, no obstante, que tanto la ciudadanía como los grupos ecologistas podrán recurrir a los tribunales para exigir responsabilidades a las compañías contaminantes. “¿Significa esto que cada instalación industrial del país vaya a violar las normas? Claro que no, pero no deja de ser una postura muy peligrosa e irresponsable por parte de la agencia encargada de implementar la ley”, ha dicho el Natural Resources Defense Council.
