Un tribunal deberá resolver la petición de 25 niños y jóvenes colombianos entre siete y 26 años que esperan que la justicia le ordene al Gobierno reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonia.
La petición es que Colombia cumpla con una de las promesas que hizo en la Cumbre del clima de París de 2015, cuando se puso como plazo 2020 para frenar la deforestación.
DeJusticia, un centro de estudios políticos y jurídicos que acompaña la acción legal, argumenta con números la necesidad de que el Estado asuma su compromiso. Según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en 2016 la deforestación en Colombia creció 44%.
El país perdió 178.597 hectáreas de bosque, el 39% concentrado en la Amazonia. César Rodríguez, abogado y director de DeJusticia, cuenta que las acciones legales en pro del medio ambiente en otros países los motivó a acompañar este reclamo que busca la protección al derecho a la salud, la alimentación y al agua, amenazados por los efectos del cambio climático.
Por primera vez en el continente un país emitió instrumentos jurídicos específicos para proteger los ríos. Por eso es optimista con el desenlace de este proceso. “Este tipo de llamados jurídicos pueden tener utilidad para que las políticas públicas no se queden en el papel ni se enreden en su ejecución”, dice el abogado.
Providencia, en el Caribe, es una de las regiones que está en mayor riesgo por el cambio climático, dice DeJusticia. Según el Ideam en el año 2070 la temperatura de esa zona aumentará 1,4 grados y las lluvias se reducirán un 32%. En Bogotá, la segunda ciudad con alto riesgo, la temperatura crecerá 1,5°C y las lluvias se intensificarán en cerca del 10%.
La acción legal presentada insiste en que Colombia cumpla los compromisos que ha adquirido contra el calentamiento global. Rodríguez dice que es un paso para cerrar las brechas entre el discurso internacional y las acciones concretas en el territorio.
