Cada 1 de mayo, el Estado mexicano decreta descanso obligatorio y los medios repiten la misma historia condescendiente: «un día para celebrar al trabajador». Lo que omiten es lo esencial: esta fecha nació de una masacre. En 1886, en Chicago, miles de obreros que exigían jornadas de ocho horas fueron reprimidos con violencia por el Estado y el capital. Los llamaron Mártires de Chicago. Hoy, 140 años después, la clase trabajadora en México sigue exigiendo lo que entonces costó vidas.
Una lucha que el poder intentó enterrar
Las jornadas laborales del siglo XIX podían superar las 18 horas diarias, con salarios miserables y cero garantías. La represión en Haymarket Square no apagó el movimiento: en 1889, la Segunda Internacional proclamó el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en honor a los caídos. En México, la primera conmemoración organizada fue en 1913, cuando la Casa del Obrero Mundial movilizó a más de 25 mil personas en un desafío abierto al régimen. No fue un regalo del Estado; fue una conquista desde abajo. Los derechos laborales quedaron plasmados en el Artículo 123 de la Constitución de 1917, considerado referente global, pero su aplicación ha sido históricamente selectiva y debilitada por la complicidad entre gobiernos y patrones.
2026: los pendientes que el gobierno no quiere nombrar
La reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales fue aprobada, pero su implementación será gradual hasta 2030, una dilación que favorece a los empleadores mientras los trabajadores siguen absorbiendo el costo. La CNTE y otros sindicatos exigen una revisión urgente del sistema de pensiones y la Ley del ISSSTE de 2007, que ha dejado a generaciones enteras sin jubilaciones dignas. La informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de la población trabajadora, sigue sin una respuesta estructural. Son los sectores más vulnerables —mujeres, migrantes, trabajadores del campo— quienes cargan con la mayor precariedad.
Lo que se debe exigir hoy
El 1 de mayo no puede reducirse a un puente largo. Exige memoria y acción: implementación inmediata y sin dilaciones de la jornada de 40 horas, pensiones dignas garantizadas por el Estado, eliminación del outsourcing abusivo y formalización laboral real. Las autoridades —Secretaría del Trabajo, IMSS, Congreso— tienen la obligación de responder. Mientras los derechos laborales sigan siendo negociados en función de los intereses del capital, esta fecha seguirá siendo una deuda histórica, no una celebración.
