Un choque múltiple sobre la Carretera Nacional en Monterrey derribó un poste de energía eléctrica y dejó sin suministro a colonias del sur de la ciudad, desde la zona de El Uro hasta El Barro. El incidente ocurrió con tres vehículos involucrados y obligó al cierre de ambos sentidos de la vialidad. Personal de la CFE acudió a trabajar en el restablecimiento del servicio, mientras Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos de Nuevo León atendían la escena. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas. Pero el verdadero problema no es el accidente: es lo que revela.
Una infraestructura que lleva años fallando
El sur de Monterrey no es víctima de la mala suerte. Es víctima de la negligencia institucional. La misma zona ya había protagonizado bloqueos en la Carretera Nacional en 2025, cuando vecinos de colonias como Valle de Cristal, El Barro, Las Jaras y Los Cristales pasaron más de 72 horas sin luz ante la inacción de la CFE. En aquella ocasión, un manifestante documentó que el sector sufre cortes intermitentes y bajos voltajes de manera recurrente, y que la comisión jamás ha dado una solución estructural. La respuesta de la autoridad fue llegar horas después del bloqueo, sin siquiera saber si el problema era aéreo o subterráneo. Eso no es una falla técnica: es abandono.
Quiénes pagan el costo de la omisión
Sin electricidad no hay agua, porque las bombas de presión dejan de funcionar. Sin agua y sin luz, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes dependen de medicamentos refrigerados quedan en situación de riesgo real. Son siempre los mismos sectores —colonias periféricas, familias trabajadoras del sur metropolitano— quienes absorben las consecuencias de una infraestructura eléctrica que no recibe inversión ni mantenimiento preventivo. La CFE, empresa del Estado mexicano, tiene la obligación constitucional de garantizar el servicio. El gobierno de Nuevo León tiene la obligación de exigírselo. Ambos han fallado.
Lo que hay que exigir
Este accidente vuelve a exponer una verdad incómoda: en el sur de Monterrey, cualquier percance vial puede convertirse en una crisis humanitaria porque la red eléctrica no tiene redundancia ni resiliencia. Las comunidades afectadas tienen derecho a exigir un diagnóstico público del estado de la infraestructura en la zona, un plan de modernización con tiempos concretos y mecanismos de compensación cuando la CFE incumple su obligación de servicio. La protesta no es el problema; la protesta es la única respuesta que ha funcionado. Mientras las instituciones no actúen sin presión ciudadana, el sur de Monterrey seguirá pagando la factura de un sistema que los ignora.
